“Ni a un animal se le hace lo que le hicieron a mi hermano… asesinarlo de esa manera tan cruel”. ¿Si fuera el violador, como aseguran ellos, tenían derecho de actuar así”?, se preguntó un hermano de la víctima.
La respuesta es no, quienes dieron muerte a esta persona no tenían derecho de actuar así; no existe una sola norma en Colombia que permita que la gente tome la justica por mano propia o por cuenta propia.
Pese a los esfuerzo de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, la lapidación y el linchamiento continúan siendo prácticas que a diario se presentan en muchos países.
El reconocimiento con rango constitucional de la justicia de los pueblos indígenas ha sido utilizado en algunas comunidades en Bolivia para argumentar que el linchamiento es una forma legítima para castigar ciertos delitos, al amparo de tal galimatías, miembros de distintas comunidades llevan a cabo castigos crueles e inhumanos sin intermediación de autoridad judicial alguna.
“Si el Imam comete un error perdonando eso es mejor que si lo comete castigando”, pese a este principio del Islam, la lapidación continua siendo un medio de ejecución en países de África, Asia, y Oriente Medio, en donde bajo el pretexto de castigar las conductas que contravienen las prescripciones legales establecidas de acuerdo a la ley islámica, se recurre “legítimamente” a prácticas que como esta constituyen una ofensa a la dignidad humana.
En la lapidación, lanzan piedras contra el reo hasta matarlo, es un castigo tan cruel y perverso que no es permitido usar piedras que puedan causar la muerte de inmediato, el objetivo es producir una muerte muy lenta, provocando así un mayor sufrimiento al condenado.
Un estudio, que sobre el fenómeno, realizó un grupo de investigación del departamento de Sociología de la Universidad Nacional, da cuenta que el 71% de los colombianos rechazamos la justicia por mano propia, lo cual nos sitúa como uno de los diez países en Latinoamérica donde se repudian con mayor contundencia prácticas como los linchamientos.
Estoy convencido que en Colombia hay una gran brecha entre el país formal y el país real, para la muestra un botón: mientras que en teoría un 71% nos mostramos en desacuerdo con la justicia por mano propia, nuestra cruda realidad registra que entre junio de 2014 y junio de 2015 un total de 140 personas fueron ejecutadas a consecuencia de un linchamiento físico, otras 600 salvaron su vida gracias a que fueron oportunamente rescatadas por la autoridad policial.
En punto a las razones que dan cabida a este fenómeno, analistas coinciden en afirmar que la desconfianza de las personas en las autoridades policiales y judiciales se ha convertido en la principal causa para que las personas materialicen la justicia por mano propia.
La gente se siente desprotegida y ese desamparo que siente, es “el mejor pretexto para hacer justica por mano propia”, en un escenario de inseguridad como el que a diario se vive en las grandes ciudades hace que el hurto callejero y los abusos sexuales se conviertan en los detonantes y en el “mejor pretexto” para tan repugnante práctica.
Por su parte, los investigadores de la universidad Nacional de Colombia consideran que el linchamiento sería una descarga de odios acumulados por conflictos individuales que encuentran un pretexto, mas no una causa, bajo las banderas de acciones heroicas. Así el linchado se convierte en un chivo expiatorio para liberar tensiones acumuladas individualmente.
Hasta ahora los casos de linchamiento, como el ocurrido en Soledad, gozan de total impunidad y por esa razón los perpetradores se sienten con la autoridad de seguir haciéndolo.
Coincido con el profesor Raúl Rodríguez Guillén, la violencia sólo se justifica cuando se ejerce en defensa propia, nada justifica la violencia como venganza, nada justifica la violencia entendida como forma única de emparejar las cosas, como medio para restablecer la convivencia.
Ojalá las autoridades políticas y judiciales de Soledad vayan mas allá de las condenas públicas al linchamiento; ojalá entiendan que el linchamiento de cualquier ser humano, por criminal que sea constituye una ofensa a la dignidad humana; ojalá tengan el valor ético de reconocer que la crisis de autoridad ha erosionado los fundamentos del estado social y democrático de derecho; ojalá se convenzan que su deber es proteger -por igual- la vida, la honra y bienes de sus conciudadanos.
