Independientemente de quien resulte elegido, Petro o Duque, deberá superar los enormes retos que tendrá enfrente, tantos, que sería interminable referirse a cada uno de ellos.
Desde el 7 de agosto el nuevo inquilino de la Casa de Nariño debe dar prioridad a asuntos tales como superar la inseguridad, erradicar la informalidad laboral, poner fin a la pobreza, reformar la administración de justica, alcanzar una paz estable y duradera para quienes habitamos en la geografía nacional.
A diferencia de algunas operaciones matemáticas en las que el orden de los factores no altera el producto, para lograr la erradicación de los males endémicos que padece nuestra sociedad se requiere dar un orden de prioridades al tratamiento de algunos retos que son básicos y esenciales para lograr ese fin último.
Cifras oficiales del DANE, que no siempre son ciertas, revelan que en 2017 más de trece millones de colombianos se encontraban en estado de pobreza monetaria; esas mismas cifras permiten proveer que de mantenerse nuestra tendencia de crecimiento poblacional en cerca de 500 mil personas año, al finalizar el próximo cuatrienio Colombia tendrá más de 51 millones de habitantes, lo cual indica que de no presentarse avances en la batalla contra la pobreza tendremos cerca de 15 millones de seres humanos enfrentados a la lucha diaria por satisfacer sus necesidades básicas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han trazado como meta terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones de aquí a 2030. El reto del próximo Presidente de Colombia es contribuir decididamente a disminuir la cifra mundial de más de 800 millones de personas que aún viven con menos de un dólar 25 centavos al día y para ello, Petro o Duque, deben garantizar que los 13 millones de colombianos que viven en la pobreza tengan como mínimo alimentos, agua potable y saneamiento básico.
La tarea es superar más temprano que tarde la inequidad, esa situación de desigualdad que genera injusticia; durante la campaña electoral se ha dicho una y mil veces que somos uno de los países más desiguales de la región y tienen razón, nuestro coeficiente Gini es de 0,52, en Colombia se presentan los niveles de ingreso más concentrados de América Latina y como si con ello no bastara, el 20% de la riqueza se concentra en el 1 % de las personas más ricas del país.
En materia de seguridad los contrastes saltan a la vista, pese a que entre el 2016 y el 2017 se presento una importante disminución en la tasa de homicidios, secuestros y extorsiones, el clima de inseguridad en las grandes ciudades parece haber tocado techo, el atraco callejero, el hurto de vehículos, el robo de celulares y la violencia intrafamiliar son pan de cada día.
Si el barco de la seguridad hizo agua, en la administración de justicia las cosas no van bien, pese a los esfuerzo de los servidores judiciales, los indicadores de gestión de la Rama Judicial, elaborados por el Consejo Superior de la Judicatura, señalan que en el primer semestre de 2017 la congestión en materia de administración de justicia superaba el 45%, el retrasó en el trámite de los procesos se situó en el 34% para una eficacia de apenas el 18%. Lo cual demuestra que en Colombia la justicia cojea pero no llega.
Dejar atrás tan infortunados indicadores es otro de los retos del cuatrienio; de la mano de su iniciativa legislativa el próximo mandatario debe presentar un proyecto de acto legislativo encaminado a suprimir las facultades electorales a las altas cortes y a eliminar de una vez por todas al Consejo Superior de la Judicatura; debe también presentar de inmediato un proyecto de ley que permita tener procedimientos menos engorrosos, procedimiento judiciales que faciliten obtener una justicia pronta y eficaz, procedimientos mas fáciles y sencillos que le permitan al ciudadano de a pie acceder a la administración de justicia y de paso recuperar la confianza en esa institucionalidad .
De otro lado, el reto de alcanzar una paz estable y duradera será el mas importante a abordar. Mucho costo que el gobierno y la guerrilla de la FARC firmaran un acuerdo para la terminación del conflicto armado que durante años sostuvo el Estado colombiano con esa insurgencia. Si llegar a los acuerdos fue difícil no menos difícil será lograr la implementación y cumplimiento de los mismos.
Mientras Duque afirma que hará unos pequeños ajustes a los acuerdos de la Habana, particularmente en el tema de justicia, Petro ha manifestado su indeclinable compromiso de respetar y cumplir los acuerdos a que se llego con las antiguas FARC.
De llegar Duque a la Casa de Nariño este asunto de modificar los acuerdos será un tema que seguramente estará en el primer orden de sus prioridades, pero no le será tan sencillo pues el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común sigue sosteniendo que el haber depositado el texto de lo acordado como un Acuerdo Especial de los referidos en el Art.3 común de los Convenios Ginebra, da a estos un carácter supranacional y por ende no es posible modificarlos de forma unilateral.
Al inicio de este año la implementación de los Acuerdos de la Habana había alcanzado un 18%. Las FARC han insistido que la paz de Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles, su inconformidad con este estado de cosas ha sido manifestada en carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, misiva en la que ponen de presente que la Jurisdicción Especial para la Paz fue desfigurada en su contenido, cuestionan el hundimiento de la reforma política y de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz, reprochan la ausencia de desembolsos para impulsar los proyectos productivos y expresan su más alta preocupación porque los asesinatos de excombatientes y lideres sociales no cesan.
Salta a la vista que el próximo presidente tiene entre sus retos transcendentales la implementación de los Acuerdos de la Habana, el sometimiento a la justicia de grupos paramilitares como el Clan del Golfo y llevar a buen puerto las negociaciones con el ELN.
Pasará algún tiempo para que el nuevo Presidente precise sus prioridades, pues una cosa es ser candidato y otra Presidente electo. Mientras…, el hambre no da espera. En el día a día millones de colombianos continuaran viéndose obligados a resolver por el medio que sea su supervivencia. No nos digamos mentiras, ante la falta de oportunidades laborales para satisfacer sus necesidades básicas, son muchos los que a diario se ven constreñidos a recurrir al delito como medio para resolver lo que un Estado indolente es incapaz de solventar.
En manos del próximo mandatario estará dejar atrás los altos índices de pobreza y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos a la nación entera, solo así será posible lograr una paz estable y duradera.
