En efecto, en su anuncio oficial, el jefe negociador llegó a decir que podía “afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural de Colombia”, frente a lo cual el dirigente ganadero manifestó: “Ojalá que así sea. Bienvenido el desarrollo integral al campo. Los ganaderos no seremos un obstáculo y, por el contrario, apoyaremos cualquier esfuerzo en esa dirección”.

“Pero es lamentable, por decir lo menos -enfatizó Lafaurie- que haya sido necesario que un actor violento como las Farc, después de haber atacado al campo durante décadas, después de haberlo sembrado de narcóticos, después de haber asesinado, secuestrado, desplazado; después de haber reclutado menores por miles, después de haber violado todos los derechos fundamentales y cometido todos los delitos, sea quien haya hecho reaccionar al Gobierno y a una parte de la sociedad frente al abandono del campo. No puedo dejar de sentir una sensación de derrota por lo que parece más la respuesta a una amenaza extorsiva que un acuerdo”.

“Creo que el Jefe negociador tenía la misión de llegar con un acuerdo preliminar firmado y cumplió su tarea, pero veo, realmente, más ruido que acuerdo. Para reconocer el abandono del campo no se necesitaban seis meses de negociaciones con las Farc -sentenció el presidente de Fedegán-, pues se habla de redistribución de tierras despojadas y fortalecimiento de zonas de reserva campesina, pero poco o nada de los factores que hacen a la tierra factor de riqueza; no se habla de asistencia técnica, de riego, de escuelas, de puestos de salud; no se habla de vías y menos de mercados. Tampoco se habla de la producción agropecuaria empresarial, de sus posibilidades de producir para el mercado mundial y de generar empleos dignos y desarrollo rural”.

“Y por supuesto, no se habla de víctimas. Mientras pretenden dictarle al Gobierno la plana del desarrollo rural -y el Gobierno lo acepta-, ellos, los mayores victimarios del país y del campo, todavía hoy asaltan caravanas, dinamitan escuelas, secuestran ciudadanos, reclutan niños y siembras minas que matan inocentes. Y lo que es peor, no solo se niegan cínicamente a aceptar a sus víctimas, sino que, por el contrario, ellos mismos se declaran víctimas del Estado y la sociedad, y desconocen la Constitución, la ley y la Justicia que podría juzgarlos. ¿Qué se puede esperar de un acuerdo, así sea preliminar, con semejante parte contratante?, concluyó Lafaurie”.