No solo deben anular las inscripciones sino castigar a los promotores y ejecutores. Es lo que corresponde para sanear la democracia.
Un reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre inscripciones de cédulas para votar en las próximas elecciones indica que el departamento del Atlántico ocupa el primer lugar en el país en trashumancia si se tiene en cuenta el número de inscritos en relación con mil habitantes. Se inscribieron 59.9 por cada mil.
Barranquilla está en el primer lugar entre las ciudades grandes en esa vergonzante situación, con una tasa por mil de 98.35 al inscribirse 121.217. Otros municipios son Puerto Colombia, con 3.328 inscritos y una tasa de 124.45 por mil, Candelaria (1.337 inscritos y 106.5) y Galapa (4.428 y 95.6).
En Atlántico ya hemos tenido lo que debería ser ejemplarizante anulaciones de inscripciones. Sin embargo, siguen las prácticas manipuladoras que nos ubican en lugares tan oprobiosos de nuevo, como se refleja en el informe de la MOE.
Este hecho de la trashumancia, más la no inscripción de candidaturas a la Cámara como fórmula política de algunos senadores, quienes promueven a candidatos de otros partidos, está entre las novedades de la presente campaña. Es posible que los dos hechos estén relacionados. También es notorio el mar de dinero aplicado en las campañas, tanto en Atlántico como en otros departamentos de la región.
Puse en conocimiento de la Fiscalía hechos anómalos en las inscripciones en el barrio La Paz de Barranquilla y otros lugares, por inadmisibles y porque pueden constituir delitos. Me extraña que no haya capturas.
No ha habido acciones de las autoridades a pesar de que estamos inmersos en indicios de que se le está torciendo el pescuezo a la ley y la ética política en unas elecciones que, por el contrario, deberían ser ejemplo para iniciar un firme recorrido hacia la paz estable y duradera en Colombia con mejores prácticas políticas.
Como dice la MOE, “el fraude en la inscripción de cédulas es un delito más que todo dirigido a manipular la voluntad en elecciones locales” pero es posible que ahora se busque ubicar a los electores “donde se pueda controlar la libertad del voto”. Tiene sentido esa apreciación.
Lo que se ha hecho indica que se tienen en este departamento los recursos para una operación compleja y larga de manipulación de la voluntad ciudadana.
Es, pues, este posible fraude una operación en marcha, que no se ha materializado en sus resultados políticos pero produce un efecto desmoralizante. Por lo tanto, hay oportunidad para neutralizarle por parte de los organismos oficiales de control y la ciudadanía.
Es lo que he pedido formalmente que hagan las autoridades electorales y los órganos de investigación y sanción electorales, disciplinarios y penales, más a los gobiernos, en aras de la transparencia y pureza de las elecciones.
La lucha contra la corrupción administrativa tiene en los momentos electorales una gran importancia y oportunidad. La corrupción administrativa es un derivado ya reconocido de la corrupción electoral. Por lo tanto, frenar la trampa es deber ineludible del Estado como protector de los derechos ciudadanos y de la democracia. Es igualmente, insisto, deber ciudadano procurar que haya elecciones limpias.
Lo que se percibe, en resumen, es que hay poderosas máquinas electorales que han perdido el pudor, envalentonados como están por el poder. Nada parece detenerles. La soberbia les tiene enceguecidos. La trashumancia en este departamento tiene consecuencias. En algunos de los municipios del departamento se registran en cada elección porcentajes de electores efectivos que superan el promedio nacional, luego la trashumancia termina siendo medio eficaz para la perversión de los procesos electorales y políticos.
Es, en consecuencia, la trashumancia una gestión exitosa de quienes, con el poder público y económico, desarrollan toda una compleja empresa para ganar. Por eso debe frenarse esta operación contra la expresión libre de la voluntad ciudadana en este 2018 interferida por el dinero, el acceso o la permanencia en el gobierno y la publicidad engañosa a partir del control de los medios de comunicación y hasta las redes sociales.
De manera que la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Electoral tienen la palabra por los hechos notorios de perturbación de la libertad política en este departamento, en especial en Barranquilla y Soledad.
