Cabe señalar que la mesada 14 fue creada en la Ley 100 de 1993 y representaba el pago de 30 días de lo que se devenga de pensión y al cual tenían derecho los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, pertenecientes a la Fuerza Pública. Sin embargo, en 2005 esta fue eliminada.
“Hoy es un día muy especial para más de 244.000 familias que dependen de estos ingresos, de su mesada 14. Recordarles que esto suma casi un billón de pesos del presupuesto del Sector de la Seguridad y Defensa Nacional”, destacó el viceministro de Defensa para la Estrategia y la Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto, al término de la votación.
“Muchas gracias a las y los Representantes y a toda la Comisión”, dijo el Viceministro, quien aseguró que “agradecemos el apoyo a esta iniciativa del Gobierno Nacional, el Gobierno demuestra, una vez más junto con ustedes, su talante garantista, así que muchísimas gracias”, dijo.
La implementación de la mesada 14 “no representaría costos adicionales para la nación”, según conceptuó el Ministerio de Hacienda a través del despacho del Viceministro Técnico, quien explicó que “en la medida en que los recursos requeridos para continuar cumpliendo la obligación de la mesa pensional y de asignación de retiro número 14 de la vigencia, se encuentran incluidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector Defensa y Policía, toda vez que se trata de un costo fiscal contemplado y consistente con la normatividad vigente”.
En el informe de ponencia aprobado se indicó que “el reconocimiento y pago de la denominada mesada 14 en favor de miembros de la Fuerza Pública radica en mantener un estímulo por los servicios prestados en defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, por su compromiso con el país durante décadas, lo cual se hace extensivo a sus beneficiarios”.
El acto legislativo aprobado por el Congreso en sus ocho debates pasará a conciliación en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes y de ahí pasará a su promulgación para que comience su vigencia como norma constitucional.
