A pesar de que hace más de ocho meses, el Distrito inició formalmente la operación al manifestar su interés por las acciones de la Triple A, cuyo 82% se encuentra en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), aún no se despejan los muchos interrogantes acerca de este negocio. Entre ellos: ¿De dónde va a salir el dinero para recuperar las acciones?, ¿Cómo se hará para no tocar el bolsillo de los barranquilleros?, ¿Cuál es el costo de la operación?, ¿Cómo funcionará la empresa?, ¿De cuánto es el valor de las acciones?, ¿Quién será el operador?, ¿Cómo se garantizará la calidad del servicio?, por mencionar algunos.
En la reciente sesión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la empresa, en la que se realizaron modificaciones a los estatutos como la eliminación del artículo 73 que impedía que los aportes estatales, directos o indirectos, excedieran el 89%, se abrió la posibilidad de una eventual cesión de acciones mayoritarias al Distrito de Barranquilla. Aunque en varias ocasiones la SAE ha manifestado que en la venta hay una preferencia especial por la propuesta de Barranquilla, hay gran preocupación de que la empresa termine en las manos equivocadas.
El rechazo absoluto a la eliminación del mencionado artículo por parte de los accionistas minoritarios que representan un 3,34% sobre el total de las acciones, alerta acerca de la posibilidad de una posterior tercerización de la entidad. Un escenario que inevitablemente nos transporta a la historia de las malas prácticas gerenciales que reinaron por años en la Triple A durante la administración de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), que además de manchar la imagen de la entidad con el millonario descalabro ejecutado por criminales de cuello blando, nos dejó una empresa cruelmente maltratada.
A las preocupaciones suscitadas por la vaga información que tenemos respecto al plan del Distrito para asumir el control de la Triple A, se suman el evidente deterioro que se ha presentado, en los últimos meses, los servicios de agua y aseo, junto a las altas tarifas. Un dolor de cabeza que aviva los cuestionamientos sobre la interventora y el estado real de la empresa.
Razón tiene el Concejo de Barranquilla al exigirle al Alcalde Jaime Pumarejo una explicación sobre los términos bajo lo cuales la Alcaldía asumiría el control de la empresa de servicios públicos. Así como las condiciones políticas y jurídicas de la compra, y la situación actual de la compañía. Por mi parte, desde el Congreso de la República, insistiré y solicitaré la información correspondiente para que se esclarezca ante la opinión pública el acuerdo que se está dando para el paso de las acciones de Inassa al Distrito de Barranquilla.
Si bien la recuperación del control accionario de la Triple A es un anhelo de ciudad, se trata de una decisión que debe ser revisada y estudiada con cabeza fría, teniendo en cuenta todos los pros y contras de la compra. Los atlanticenses exigimos conocer los planes y estrategias del Distrito en este acuerdo, que se nos garantice que habrá una mejora en la oferta de calidad de los servicios y que no se afectará el bolsillo de los usuarios.
