La ESSMAR nació en 2016 luego de la valerosa lucha emprendida por el hoy gobernador Carlos Caicedo, Rafael Martínez y el pueblo samario, quienes conjugaron distintas acciones con el objeto de recuperar la gestión del agua que se encontraba en manos de Metroagua, un consorcio privado que nunca prestó un buen servicio en casi 25 años de operaciones.
Para garantizar el robo y el pésimo servicio, Metroagua selló una alianza con la corrupta INASSA, filial de la empresa multinacional Canal de Isabel II de España, corporación a la que la justicia española le ha condenado a varios de sus ejecutivos por sonados casos de corrupción.
En su corta vida, la ESSMAR se ha trazado como propósito resolver el problema del acueducto en la ciudad de Santa Marta, situación que los clanes no resolvieron a lo largo de toda la época republicana teniendo todas las posibilidades para ello. El desafío ha consistido también en mejorar los procesos de buen gobierno y transparencia en la entidad, lo relativo a la sostenibilidad ambiental y la creación de un sistema de tarifas racional y justo.
Y, esto, sin duda, como quiera que con Metroagua existía una incontrolada corrupción ya que desde aquí se financiaban campañas políticas a los clanes a través de las ferias de contratos y se prestaba un pésimo servicio de acueducto tanto en cobertura como en calidad.
Desde su creación, la ESSMAR ha sido objeto de todo tipo de presiones por parte del gobierno nacional y de los clanes del Magdalena, quienes añoran que vuelva a ser un ente privado y al servicio de los más bajos y mezquinos intereses de grupo.
De este modo, la intervención del ESSMAR es injusta, inmoral y constituye un acto de persecución política a los gobiernos del cambio de Fuerza Ciudadana en Santa Marta y el Magdalena encabezados por Virna Johnson y Carlos Caicedo respectivamente.
Esta intervención es promovida por el senador Honorio Henríquez y los Representantes a la Cámara Hernando Guida y Franklin Lozano, hijo este del parapolítico confeso y condenado Franklin Lozano Pimienta, y también por otros miembros del Pacto de Ciénaga, que son los mismos del Pacto de Sevilla y Funcional. Desde luego, dicha intervención es apoyada por el presidente Iván Duque.
Hoy sabemos que Duque es quien ha dado la orden a un coronel del ESMAD en Bogotá para proceder a realizar la intervención violenta de la ESSMAR sin tener en cuenta al gobernador Carlos Caicedo, que es el responsable del orden público en el departamento. Este comportamiento fascista y propio de un dictador, subvierte el orden institucional y desconoce las reglas más elementales del funcionamiento de esta democracia de baja intensidad que es la colombiana.
Ayer se consolidó la intervención de la ESSMAR y ella se suma a la intervención de la ESE Alejandro Prospero Reverend, del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y al rugelazo que sacó a Rafael Martínez de la Alcaldía de Santa Marta en abril de 2019.
Todas estas intervenciones tienen un patrón común: evitar que los gobiernos del cambio puedan resolver problemas fundamentales en materia de agua y salud a la ciudadanía, pero también persiguen objetivos políticos como el poder otorgar contratos y cargos burocráticos a los congresistas de Duque en el Magdalena para que puedan reelegirse y evitar que las listas del cambio de Carlos Caicedo lleguen a Senado y Cámara de Representantes.
Que no quepa ninguna duda: los congresistas de Duque quieren al ESSMAR para quedarse con los 5000 mil millones de pesos que hoy recauda la entidad, tener la posibilidad de entregar de nuevo el servicio del agua a un consorcio privado y de paso poder acusar a Fuerza Ciudadana de malos manejos para desacreditar la imagen del partido de gobierno.
Asimismo, detrás de la intervención de la ESSMAR está la defensa del uribismo de los intereses de William Vélez en la entidad, quien es el dueño de INTERASEO, la millonaria concesión que opera la recolección de los residuos sólidos en la ciudad de Santa Marta. Para nadie es un secreto que la gerente Patricia Caicedo había tomado la determinación de exigir planes de cumplimiento a esta nefasta empresa y en otro caso prescindir de sus servicios.
Esta no será la última intervención que promuevan los congresistas de Duque y él la respalde, pues tenemos conocimiento que el Hospital de Ciénaga también será intervenido, sobre todo después de que el gobernador Carlos Caicedo denunciara que se habían desviado 10 mil millones de pesos de dicho Hospital a cuentas no de la institución. Así, la intervención de la Superintendencia de Salud se producirá para que Fuerza Ciudadana no conozca ni denuncie cómo operaba el saqueo de la salud en ese centro asistencial por parte del cartel de la salud.
Por todo lo anterior, Fuerza Ciudadana condena la intervención violenta del ESSMAR impulsada por los congresistas Honorio Henríquez, Hernando Guida y Franklin Lozano, la cual ha contado con el apoyo del Presidente Iván Duque.
En tal sentido, nuestra organización hace saber que el Presidente ha roto el orden institucional cuando desconoce que el gobernador Carlos Caicedo es el responsable del orden público en el territorio, de ahí que enviar a un coronel del ESMAD desde Bogotá para imponer a Yahaira Díaz Quezada mediante la violencia física como nueva gerente interventora de la ESSMAR, denota el talante fascista de este gobierno. En este marco explicativo, condenamos la agresión del ESMAD a los trabajadores/as de la ESSMAR y nos solidarizamos y apoyamos con su digna resistencia.
Igualmente, Fuerza Ciudadana reconoce como legítima gerente a la compañera Patricia Caicedo toda vez que la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos es politiquera porque se hace realidad después de que dicha entidad hubiese conceptuado que no había mérito para ello. Esto nos dice que la intervención no es técnica y mucho menos para mejorar a la ESSMAR. El propósito: sabotear la gestión del gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Virna Johnson.
Nuestra solidaridad para ellos y para la compañera Patricia Caicedo.
Finalmente, nuestra organización hace un llamado al pueblo samario y del Magdalena en general a crear los Círculos de Defensa del Agua y un Frente Social que promueva la defensa de la ESSMAR y de los servicios públicos como patrimonio de toda la sociedad.
El acceso al agua es un derecho y, por tanto, no se puede mercantilizar. Desde Fuerza Ciudadana nos ratificamos en la creación de la Empresa Nacional de servicios públicos descentralizada y revisión de las concesiones.
