La buena voluntad y disposición del Gobierno no ha sido suficiente para cumplirle, en los tiempos prometidos, a los damnificados de Providencia, quienes vivieron la desolación de ver el 98% de la isla, incluidas sus viviendas, destruidas. Por la magnitud del fenómeno climático, y la ubicación del territorio a más de 700 kilómetros del continente, esta reconstrucción ha implicado grandes desafíos, que requieren de mayores esfuerzos.
Además de los problemas logísticos, las dificultades del transporte y las demoras en las firmas de los convenios, con la reconstrucción de las casas se enfrentaron complicaciones que no habían sido previstas por el Gobierno en su cronograma, entre ellas la remoción de más de 21.000 toneladas de escombros y la concertación con los raizales, de los diseños de viviendas respetuosas de sus costumbres, cultura y tradición.
En el reporte más reciente entregado por la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), se registra que de las 1.787 casas que deben ser reparadas y construidas (910 nuevas y 877 para reparar), solo el 19% de las viviendas nuevas han sido entregadas, es decir 168, mientras que las reconstruidas alcanzan el 69%, correspondiente a 606 casas. Situación que tiene descontenta y molesta a cientos de familias que todavía se encuentran viviendo en carpas, a la intemperie.
La llegada de la nueva temporada de invierno, que viene presentando fenómenos climáticos atípicos acompañados de fuertes lluvias, tormentas eléctricas y vientos por encima de lo normal, añade nuevas preocupaciones, que no encuentran techo debido a las condiciones de alta vulnerabilidad en la que están muchos habitantes de la isla. Un panorama que debe ser cambiado, enfocando los esfuerzos en la construcción de las viviendas nuevas.
En medio de las dificultades que atraviesan los isleños, esta semana se revive la disputa entre Colombia y Nicaragua por desacuerdos territoriales y marítimos en el Caribe, que tiene como antecedente el fallo de La Haya en 2012, que significó para nuestro país, la pérdida de más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar en los alrededores de San Andrés y Providencia. Las afectaciones que desde entonces han sufrido los pescadores raizales por las restricciones impuestas en zonas del mar, donde por generaciones habían desarrollado sus faenas, todavía representan un duro golpe para su economía e idiosincrasia.
La defensa y protección de los derechos de los raizales no solo debe realizarse de manera férrea ante la comunidad internacional, como esperamos se haga en las audiencias que inician esta semana, sino que también debe hacerse tangible cumpliendo con la reconstrucción total de las islas y devolviéndole la esperanza a los providencianos. Convocar a la renovación de todos los sectores, incluido el energético, con el desarrollo de energías renovables no convencionales, que contribuyan a la transformación y la sostenibilidad del archipiélago, son planes que se deben incorporar en el corto y mediano plazo.
El Gobierno tiene que trabajar sin descanso en el cumplimiento de la promesa de reconstrucción de Providencia. Acelerar el proceso de recuperación es vital para blindar al archipiélago ante futuras emergencias climáticas.
