Esta conducta tipificada en el Código Penal como defraudación de fluidos, establece multas que pueden ascender los 150 salarios mínimos mensuales, así como otras consecuencias que van desde el pago por la energía robada, hasta la pena de cárcel. Aunque la mayoría de personas que cometen este delito son conscientes de las sanciones, prefieren seguir obteniendo la energía de forma irregular para evadir el pago real de su consumo.
La modificación o alteración de redes eléctricas ha alcanzado dimensiones escandalosas en esta región del país. Según la empresa Air-e, en el Atlántico las pérdidas por el robo de energía son del 29%, unos 130 millones de kilovatios mensuales que pueden alcanzar los 40 mil millones de pesos al mes. En los departamentos de La Guajira y el Magdalena, la situación es peor, con cifras superiores al 40% y 30% respectivamente, muchas personas ven normal el hecho de abastecerse de manera ilegal del suministro eléctrico.
Aunque globalmente se ha evidenciado que el robo de energía está directamente relacionado con el nivel socioeconómico de las personas, muchos de los casos por conexiones ilegales que se han detectado en la región se registran en residencias de estratos altos, fincas, empresas, establecimientos comerciales, entre otros. Demostrando que esta práctica ilícita se ha extendido a todos los sectores y estratos socioeconómicos de la población.
Erradicar la cultura de la ilegalidad es una de las tareas más complejas que heredaron Air-e y Afinia cuando asumieron como nuevos operadores en el Caribe. En sus primeros ocho meses de gestión, las campañas y operativos para frenar el robo continuado de energía emprendidas por Air-e han dado buenos resultados con constantes reportes de nuevos casos de conexiones directas, intervención de acometidas, manipulación de medidores y equipos de medida.
Los esfuerzos que están realizando estas empresas para avanzar en sus acciones en contra de la defraudación de fluidos son evidentes. Sin embargo, todavía las pérdidas de energía por causas no técnicas siguen siendo muy altas, por lo que se requiere de un mayor apoyo y compromiso por parte de todos los usuarios para que reporten los hechos relacionados con la manipulación de la infraestructura eléctrica.
Para disminuir los índices delictivos contra el robo de energía se debe trabajar de manera coordinada con las autoridades, los entes territoriales y la comunidad, a través de campañas educativas y estrategias de formalización de usuarios, en el caso de las poblaciones vulnerables. La participación activa de la comunidad creando conciencia sobre el uso racional y legal del servicio de energía es determinante para combatir el fraude.
Además de ser una práctica que coloca en riesgo la vida de la persona que ejecuta la acción y los vecinos cercanos, las conexiones ilegales perjudican el fluido eléctrico afectando la prestación del servicio, lo que se traduce en millonarias pérdidas para los usuarios y las compañías. Terminar con el dolor de cabeza en el que se ha convertido el hurto de energía para la región Caribe es una tarea de todos.
