90% de la población sin posibilidad alguna de pensión ni de una vejez digna, pero el gran capital especulando con los recursos de las pensiones.

El gran capital ha eliminado el derecho a la propiedad privada de pequeños y medianos con el modelo de desarrollo, los impuestos, los altos costos de la tierra, los altos costos de arriendos y los servicios.

Las tarifas de los servicios públicos con empresas en manos del gran capital, se han convertido en el nuevo grillete de la esclavitud moderna.

Cerca del 70% de la población desplazada del trabajo y obligada al rebusque en las calles o economía informal, sin que merezca una palabra en el Plan de Desarrollo del Gobierno, dedicado esencialmente a fortalecer y proteger los grandes negocios del capital nacional e internacional contra los nacionales.

El patrimonio público convertido en botín de enriquecimiento ilícito en manos de los políticos y gobernantes, siendo la corrupción noticia de cada día.

No existen elecciones democráticas sino carnavales de compra venta de votos por lo que a los cargos de elección popular no llegan los más honestos y capaces sino los más habilidosos, tramposos y corruptos.

Se roban los dineros de la salud y de la alimentación de los niños.

Más de doce mil mujeres violadas al año, otro tanto de niñas y niños en medio de una sociedad en descomposición que poco le preocupa a los gobernantes que además genera cerca de doce mil homicidas al año.

Parte importante de la fuerza pública protegiendo las propiedades y negocios del gran capital mientras que no existe suficiente fuerza pública para controlar la inseguridad contra la ciudadanía.

Ni el 5% anual de respuestas positivas a las reclamaciones de las organizaciones territoriales comunales, sociales e indígenas, mientras que cerca de 70 billones del presupuesto anual del total de 270/019 destinado a la banca especulativa nacional e internacional.

Demostrado que la mejor estrategia para eliminar los cultivos de uso ilícito es la sustitución negociada con los campesinos que es mucho más barata que la fumigación, pero el Gobierno empecinado en envenenar a los campesinos y sus tierras para desplazarlos y entregar sus propiedades al gran capital nacional e internacional, con lo que se ha generado la mayor cantidad de víctimas sociales, comunales, campesinas e indígenas durante los últimos tres años.

Miles de comunales amenazados y/o desplazados de sus barrios por defender la buena salud de los territorios de sus comunidades de las bandas de narcotráfico pero el gobierno no reconoce que es un problema social sino de narcotráfico.

Una banca, una economía y una oligarquía que presume de pristina y transparente cuando en realidad flota en los dineros del narcotráfico los que recauda a través de grandes tentáculos y redes de comercialización de productos primarios.

Cero respuestas efectivas a las propuestas de solución estructural contra las afectaciones y asesinatos contra dirigentes comunales, indígenas y sociales, dejando todo el peso de la atención a medidas militares y de policía.

Persecución y asesinatos contra los dirigentes sociales, campesinos e indígenas por defender el ambiente, al agua, la vida y la biodiversidad, sin embargo siguen entregando los páramos y fuentes de agua a la explotación minero energética del gran capital nacional e internacional.

Más de trescientos sesenta municipios no viables, sin posibilidades de suministro de aguas a mediano y largo plazo, sin embargo siguen sin control urbanizando sus tierras solo por beneficiar a los especuladores que generalmente son muchos de los políticos y gobernantes en cada lugar.

Abandono total al campesino sin políticas de crédito fácil, seguro de cosecha, mejoramiento de vías, seguridad social, subsidio a la producción, entre otros acuerdos ya pactados.

No titulan los fincas a sus colonos históricos de más de cincuenta años por razones de zonas de reserva pero sin se las entregan al gran capital para la agroindustria y la minero. Energía.

En las grandes ciudades los trabajadores y trabajadoras pierden hasta cuatro horas diarias en desplazamientos incómodos y desgastantes sin que existan políticas de solución estructural y masiva permitiendo que grandes transportadores privados se lucren del problema.

Y siguen muchas otras causas de indignación e inconformidad ciudadana que explican su movilización