Son tres años de lucha jurídica, donde ellos prácticamente se encuentran en la quiebra y sus familias pasando hambre por las actitudes comerciales de esta compañía de muebles que “no piensa sino en sus propios intereses y no tiene ningún sentido social” dice uno de los líderes de la protesta.
El caso de estos ex proveedores lo tiene la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía General de La Nación y están a la espera de que el fiscal que sabe del caso fije la fecha de la audiencia y lograr el triunfo jurídico que ellos piden.
Según el abogado, Jaime Romero, quien es el apoderado jurídico de este puñado de ex proveedores de muebles Jamar, “las prácticas desleales realizadas por esta empresa rayan lo jurídico y sus acciones delincuenciales están tipificadas en el artículo 402 de la ley 599 del 2000, que habla de la Omisión del Agente Retenedor, y esa práctica ha afectados a mis poderdantes que los ha llevado a la quiebra. Este caso lo conoce la fiscalía y aquí también lo entra a conocer la Dian, porque la evasión de impuestos”
“Lo más importante de todo esto es que tenemos todas las pruebas, de todo tipo, que ya han sido aportadas al proceso, donde se demuestra la conducta practicada por esta empresa y el impacto social y el detrimento económico a mis clientes que los ha llevado a la quiebra y al cierre de sus negocios” expresa el abogado Romero”.
En estos tres años de lucha jurídica con Jamar ha habido dos muertos por el estrés causado por esta situación, así lo confirma el contador, Humberto Pontón, quien dijo “que esto ha sido una lucha desgastante que lo único que ha traído es preocupaciones y una situación económica precaria, al tanto que hay dos miembros de la tercera edad que han muerto en esta lucha”.
Otro de los afectados y líder de este movimiento es, Luis Carlos Amaya Pérez, quien expreso su inconformismo con las acciones practicadas por Muebles Jamar, “estamos aquí para que la opinión publica sepa la manera como esta empresa nos explotó, nos constriño, nos oprimió y endeudo a terceros y dejo amas de 62 familias trabajadoras en la quiebra y le quito el pan de la boca a por lo menos 3500 personas que dependían de estos microempresarios”.
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