Villa Moreno y otros nueve de sus socios (entre los cuales están sus hijas) enfrentan un proceso desde 2013 en el que están sindicados de captación masiva y habitual de dineros, negativa de reintegro y estafa agravada en masa, entre otros delitos, mediante una firma que crearon para tal fin, conocida como Solución Maestra.
Los documentos del proceso revelan que Solución Maestra celebró contratos de compraventa de libranza mediante los cuales presuntamente engañaron a 72 víctimas, pero aun así, Villa Moreno continúa oficiando como miembro de la junta directiva del proyecto hidroeléctrico más ambicioso del país.
Llama la atención de este proceso que el fiscal 68 delegado ante los jueces penales del Circuito de Bogotá, Álvaro Henry Pachón Salazar, recibió el caso desde el 4 de julio de 2017, cuatro años después de la presentación de la denuncia contra Solución Maestra, pero nunca se decidió a imputar cargos y, por el contrario, ha intentado en dos ocasiones que se declare la preclusión de la investigación a favor de los procesados.
Según el apoderado de una de las víctimas, “la conducta de dicho fiscal evidencia su intención de encubrir por favorecimiento los delitos cometidos por Rafael Mario Villa Moreno, sus hijas y socios de Solución Maestra”.
Por tal razón, el jurista que defiende a una de las víctimas de esta estafa procedió a denunciar al fiscal Pachón Salazar por los presuntos delitos de prevaricato por acción y por omisión (es decir, por no aplicar la ley y, a la vez, por obstruirla), dado que “han transcurrido casi 6 años sin que dicho fiscal haya procedido a imputar cargos contra los sindicados”.
La inacción del fiscal, según el denunciante, está provocando que el excesivo retardo injustificado de sus funciones pueda llevar a una prescripción de la acción penal, y como consecuencia que la estafa y demás delitos por los que se les imputa a los directivos de Solución Maestra queden en la impunidad.
