Apropiación por $27.000’000.000 de la Triple A
Con la coordinación de un fiscal de la Dirección Anticorrupción, personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI capturó en el norte de Barranquilla a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A. S.A. E.S.P., como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado.
De acuerdo con el material probatorio recopilado, durante los años 2012 y 2015, Navarro Pereira, junto con los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A., y de la firma Recaudos y Tributos S. A., se habrían apropiado de $27.879.761.912, (veintisiete mil ochocientos setenta y nueve millones setecientos sesenta y un mil novecientos doce pesos) mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y 4 contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA).
Al parecer, estos gastos se acreditaron como operaciones normales de Triple A S.A E.S.P., fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta en los años respectivos y, finalmente, se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., Socios Particulares y Distrito de Barranquilla) y realizar los cobros correspondientes por regalías.
En las próximas horas, la Fiscalía presentará a Ramón Navarro Pereira ante un juez de garantías para adelantar las audiencias concentradas. En la misma diligencia y por los mismos delitos, imputará cargos contra Julia Margarita Serrano Monsalve, exgerente financiera de Triple A S.A. E.S.P.
Contrato ficticio por asesoría a Triple A S.A., por $237.000’000.000
En cumplimiento de los parámetros establecidos en el antiguo Sistema Penal colombiano, la Fiscalía abrió investigación formal y citó a indagatoria a directivos y exdirectivos de las empresas vinculadas a la operación Acordeón – Fase 1, ellos son:
1. Francisco Olmos Fernández Corugedo, exgerente de Triple A
2. Luis Fernando Arboleda González, exgerente de Triple A.
3. Carlos Alberto Ariza Duque, exgerente de Triple A.
4. Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A.
5. Ramón Heraclio Hemer Redondo, gerente actual de Triple A.
6. Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa.
7. Francisco Javier Malia Baro, exgerente general de Inassa.
8. Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa.
9. Alberto Muguiro Eulate (nacionalidad española), actual presidente ejecutivo de Inassa.
10. Germán Sarabia Huyke, segundo suplente de la presidencia de Inassa.
11. Carlos Roca García, (nacionalidad española) actual gerente Inassa.
Esta línea de investigación de la Fiscalía está relacionada con el contrato suscrito el 4 de septiembre de 2000, entre la empresa española Inassa y Triple A S.A., en la que se pactó un pago mensual de 4.5% del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.
Los fiscales anticorrupción calculan que en 17 años de vigencia del contrato, se habrían pagado $237.836.823.242 (doscientos treinta y siete mil ochocientos treinta y seis millones ochocientos veintitrés mil doscientos cuarenta y dos pesos). Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II – y Slasa.
Las 11 personas vinculadas deberán presentarse desde el 4 de abril de 2018, ante una fiscal anticorrupción en Bogotá, y responderán mediante indagatoria, en principio, por los delitos de:
• Concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
• Enriquecimiento ilícito de particulares. Estas decisiones corresponden a la determinación del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, de investigar los casos de corrupción que han puesto en riesgo los recursos relacionados con la prestación de los servicios públicos y de un bien vital para comunidad: el agua potable.
