El desmantelamiento se produce luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, emitiera una orden en la que establecía a los golpistas un plazo de 24 horas para abandonar el lugar.
El magistrado señaló que "Nada justifica la existencia de campamentos terroristas, financiados con la complacencia de las autoridades civiles y militares de manera totalmente subversiva y sin ningún respeto a la Constitución".
De igual forma, el actual encargado de la seguridad en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli, apuntó que “No permitiremos la continuidad de concentraciones que funcionan como incubadoras de planes contra el Estado Democrático de Derecho”.
El desalojo de los campamentos se efectuó sin la necesidad del uso de la fuerza por parte de los agentes del orden. Tras la ejecución de un cerco, los bolsonaristas se retiraron de la zona dejando abandonadas las carpas montadas.
Los campamentos se encontraban montados desde la confirmación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva como vencedor en los comicios con el objetivo de no reconocer el resultado de la voluntad popular.
Estas concentraciones, sirvieron de base en la jornada de ayer a la repudiable invasión de los extremistas de derecha las sedes de los tres poderes y funcionaron como punto de regreso tras el fallido Golpe de Estado.
