En este sentido, la Comisión Bicameral de seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso argentino comenzó a trabajar para esclarecer si hubo espías de este país que hayan colaborado con el derrocamiento.
De acuerdo con medios locales, el juez Javier López Biscayart dispuso pedirle al Ministerio de Relaciones Exteriores resguardar y remitir al juzgado “los sellos de recepción” de la embajada argentina en La Paz, luego de habilitar una feria judicial el pasado lunes.
Con esta medida, pudiera someterse a peritaje la carta encontrada en la sede diplomática, fechada el 13 de noviembre de 2019, donde el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, habría agradecido al entonces embajador argentino en el país, Normando Álvarez García, el envío de 40.000 cartuchos antitumulto entre diverso material represivo.
Tras la confirmación de al menos dos enviados de la agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Bolivia en 2019, la Comisión Bicameral, liderada por el diputado Leopoldo Moreau, intentará determinar si se llevaron a cabo “tareas ilegales” y compartieron información con otras agencias del mundo.
Según reflejan los medios locales, uno de los agentes estaba en Santa Cruz de la Sierra y el otro en La Paz, donde tenía contacto permanente con el personal de la embajada. La Comisión le solicitará información a la AFI en los días siguientes y en la primera semana de agosto podrán reunirse los legisladores para profundizar en la investigación.
La actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, trabaja igualmente en una investigación interna para determinar si ambos agentes se desviaron de sus funciones, cuyo resultado será un informe que llegaría a manos del presidente Alberto Fernández antes de concluir la semana
Por su parte, la ministra de Seguridad de Argentina, Sabrina Frederic, enfatizó este martes que el expresidente Macri dio avala para el envío de material bélico a Bolivia en 2019 por razones “ideológicas y políticas”.
“Obedecieron a que había un rechazo de (Mauricio) Macri al gobierno de Evo Morales. Eso lo llevó a dar un salto al vacío, y a pasar los límites. No se respetaron las instituciones democráticas", señaló Frederic a medios locales.
Mientras tanto, la coordinadora del área internacional de Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Camila Barreto, señaló que el envío es de mucha gravedad y violatorio de los principios sobre la protección de los derechos humanos.
“Nos parece muy grave y violatorio de cualquier principio de protección de derechos humanos”, expresó en una entrevista con el programa”, dijo, al tiempo que apuntó que la provisión de material antidisturbios hizo posible que se vulnere el principio de resolución de conflictos por la vía política.
