Somos conscientes y comprendemos los retos financieros que enfrenta el sector salud en Colombia. Sin embargo, declarar el interés público para reducir aún más el precio de Glivec, simplemente no es la solución.

El precio de venta de Glivec ha sido fijado unilateralmente por el Gobierno y ha sido reducido dos veces en los últimos tres años. Actualmente, Glivec tiene un precio significativamente inferior al valor que correspondería bajo la metodología de referencia internacional de fijación de precios que emplea Colombia, y está dentro de los más bajos del mundo.

Hemos insistido en que las Declaraciones de Interés Público (DIP) y las Licencias Obligatorias son herramientas importantes y legítimas para ser utilizadas solo en circunstancias excepcionales. Simplemente no es el caso de Glivec en Colombia. No existen fallas en el suministro del medicamento, ni barreras de acceso al tratamiento. El acceso universal previsto por el sistema de salud colombiano implica que todo paciente que necesite Glivec o cualquier otro imatinib lo recibe, ya que hay en el mercado colombiano versiones genéricas de Imatinib que no infringen en la patente.

En estas circunstancias, imponer una declaración de interés público para forzar un control de precios es inapropiado e injustificado. Cuando un país cambia arbitrariamente sus reglas, modifica acuerdos y compromisos, erosiona la certeza y confianza que las compañías internacionales necesitan para invertir. Esta confianza es fundamental para traer nuevos productos al mercado, lo cual beneficia la economía y la sociedad.

A la luz de esta decisión, Novartis está evaluando todas las opciones antes de decidir pasos a seguir.

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