El encuentro, que se llevó a cabo en Cartagena, permitió priorizar las necesidades y proyectos de gran impacto para ser incluidos en las propuestas, en el marco de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, así como del Presupuesto General de la Nación.

En su intervención, el mandatario de los barranquilleros puso sobre la mesa la navegabilidad del río Magdalena como prioridad de la región, al recordar que la APP propuesta en administraciones anteriores resultó fallida en dos ocasiones.

En conversaciones con el ministro de Transporte, Pumarejo planteó que la navegabilidad del río Magdalena se maneje por una empresa de economía mixta, que se haga cargo del dragado y las obras rígidas, así como de la zona marítima portuaria de Barranquilla.

Con ello se garantizará las condiciones adecuadas del río Magdalena a partir de 2023, a través de un proyecto a largo plazo que incluya la compra y operación de dos dragas, obras rígidas, monitoreo para el mantenimiento y profundización del canal de acceso en Barranquilla hasta Barrancabermeja.

Las intervenciones de infraestructura hidráulica incluyen protección de orillas, reparación de tajamar, diques sumergidos, revestimiento de orilla, amarraderos, entre otras. Igualmente, se contemplan actividades de dragado, con las que se busca garantizar niveles de servicio a lo largo del canal.

La inversión sería por 1.4 billones de pesos, recursos disponibles por la APP desierta, con lo que se crearán más de 23.000 puestos de trabajo.

En ese sentido, el alcalde también se refirió a la Zona Portuaria de Aguas Profundas, que es “el complemento a esta propuesta para la navegabilidad del río al ser eje central de la región Caribe y el Magdalena medio”, al recordar que en el Puerto de Barranquilla se movilizaron millones de toneladas en el 2021, correspondiente al 7 % del tráfico portuario nacional.

Al garantizar recursos del Gobierno nacional para el proyecto, por el orden de los $550.000.000.000, se desarrollarán instalaciones en la zona marítima de aguas profundas ubicada en la desembocadura del río Magdalena, con el fin de aumentar la prestación de servicios de la Zona Portuaria de Barranquilla y poder recibir buques de gran calado, de manera que se complemente el servicio de las actuales terminales portuarias del río Magdalena.

Con respecto a la proyección de carga, se estima que pasaría de 410.904 toneladas por año a 6.443.253 toneladas en el 2046.

“Creemos, con las estimaciones financieras que se han hecho, que este proyecto es prácticamente bancable por el sector privado con un poquito de esfuerzo del sector público. Es decir, es un proyecto que genera un retorno financiero, que genera empleo y se vuelve un puerto que soñó Simón Bolívar”, explicó el alcalde.

Tarifas justas para el Caribe

La propuesta expuesta por el alcalde Pumarejo fue la creación de un fondo de recursos públicos que permita la estabilización de la tarifa, en un valor justo para la región, a través de compensaciones monetarias directamente a los costos de prestación del servicio mitigando de esta forma el efecto de las variables que generan alzas por encima del promedio nacional.

Con ello se busca reducir el impacto de las altas tarifas en la economía de los más de 11 millones de usuarios de la región Caribe, bajo principios de justicia, equidad y solidaridad.

El mandatario hizo énfasis en que la problemática tiene dos alcances: uno nacional, toda vez que el aumento de las tarifas de energía eléctrica se ha visto reflejado en todo el país, pero con mayor afectación en el Caribe.

Sobre ello, rechazó que aunque los embalses estén llenos, se ha usado la fórmula del índice de precio al productor para la remuneración de muchos de los contratos a largo plazo de los generadores. “Eso quiere decir que al indicar que aumentó el acero, el concreto y muchos de los insumos de los productores, implique que se deba incrementar el costo de la energía”, por lo que sentenció que los embalses ya están construidos. “Hoy lo que estamos pagando es un costo de mantenimiento y operación, y el índice de precio al productor no corresponde a eso”, aseveró.

Esto ha llevado, de acuerdo con Pumarejo, a que muchas de las tarifas en Colombia tengan un aumento de generación de hasta 30% cuando esta tiene costos menores en las hidroeléctricas, no en las termoeléctricas.

“Lo que pedimos es que se trabaje con el gobierno y con el sector para revisar su estructura de costos y ofrecerle a Colombia una diferenciación en la manera como manejan las tarifas”, puntualizó el mandatario barranquillero.

Al respecto, recordó la demanda de los alcaldes de ciudades capitales de la región a la resolución de la CREG, reconociendo que esa no es la solución de fondo. “El problema es que le entregaron a AIR-E y a Afinia la región Caribe, pero les dijeron “defiéndase solos” porque les dijeron que tenían que comprar toda la energía a los generadores y a los transmisores y se la tienen que pagar toda”.

Para atender esto, las empresas le están cobrando al usuario que paga por el que no paga y por las pérdidas inherentes a 10 años o 15 años de malos manejos. “Debemos exigirle a los generadores y transmisores que hagan parte de la opción tarifaria”, con el fin de revisar un cobro a largo plazo para desde ya bajar los costos de energía. Mientras tanto, crear un fondo de estabilización de precios en el Caribe e incluirlo en el presupuesto nacional. “Así como lo hicieron cuando los colombianos tuvimos que asumir muchos de los proyectos y los errores en otras regiones, hoy pedimos lo mismo con el Caribe”, manifestó Pumarejo.

Bloque Parlamentario Caribe

Los Bloques Parlamentarios Regionales son jornadas convocadas por el Congreso de la República de Colombia, en coordinación con Confecámaras, como espacios e instancias de concertación y comunicación intersectorial que marcará la hoja de ruta para llevar desarrollo a los territorios.

La jornada en el Caribe fue liderada por el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras; el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero; el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González; el ministro de Transporte, Guillermo Reyes; el gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Bell; el alcalde de Cartagena, William Dau, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Juan Vélez Castellanos.