Las secretarias de Control Urbano y Espacio Público, Lizette Bermejo, y de Cultura y Patrimonio, María Teresa Fernández, declararon su indignación por la obra y anunciaron que agotarán todas las instancias legales para que los responsables reciban sanciones ejemplares.
El Gobierno distrital inició un procedimiento policivo con la Inspección 27 de Policía Urbana y se realizó el cierre de actividades comerciales por 10 días. El Distrito también coadyuvará, al mismo tiempo, el proceso penal que la Policía deberá instaurar ante la Fiscalía General de la Nación, por la violación de la suspensión de la obra y de los sellos públicos que así lo establecían.
Así mismo, acopiará y remitirá la información al Ministerio de Cultura, en tanto los infractores quebrantaron el Plan Especial de Manejo y Protección que cubre al Centro Histórico.
La Oficina de Procesos Urbanísticos de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público había realizado el pasado 27 de enero una visita técnica a la edificación, ubicada en la carrera 45 # 34-01, donde se identificaron presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Por ta razón, procedió a suspender inmediatamente la obra.
La intervención consistía en la demolición de muro de carga sobre la fachada principal para ampliación de puerta de acceso al local 6, 7 y 8. “Esta intervención no estaba avalada ni autorizada por ninguna licencia de construcción ni por concepto previo de la secretaría de Cultura”, coincidieron las funcionarias.
La infracción está contemplada en el artículo 135 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, en el sentido de: “Intervenir y modificar sin licencia y realizar acciones que puedan generar impactos negativos en el bien de interés cultural, tales como intervenciones estructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, intervenciones en las zonas de influencia y/o contextos del inmueble que puedan afectar las características y valores culturales por los cuales los inmuebles se declararon como bien de interés cultural”.
No obstante, “el día 28 de enero de 2021 observamos rotura del sello de suspensión y avance en la demolición del muro, lo que implicaba desacato a la orden y el sello de suspensión de obra”, agregó Lizette Bermejo.
Los funcionarios de la Secretaría de Control Urbano, en efecto, encontraron que el muro curvo de la esquina del edificio estaba totalmente demolido, con un área aproximada de 7 metros cuadrados.
Los infractores habrían incurrido en fraude a resolución judicial o administrativa de Policía, para el cual el artículo 454 del Código Penal Colombiano establece: “El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Es decir, que además de la sanción con prisión hasta de 4 años, los presuntos infractores pueden incurrir en una multa que podría llegar a los 45 millones 426.300 pesos.
La secretaria de Cultura, María Teresa Fernández, dijo que el edificio, construído en 1934 por el arquitecto cubano José Manuel Carrerá, es un Bien de Interés Cultural, que cuenta con la protección especial de la Nación y por supuesto del Distrito de Barranquilla.
La edificación tambien es conocida como edificio de Avianca, teniendo en cuenta que allí funcionaron durante muchos años las oficinas de la señalada aerolínea.
Clasificado dentro de los inmuebles nivel 2, es un edificio que presenta las características tipológicas definidas como Tradicionales, es decir, que se integra al contexto urbano generando un conjunto armónico reconocible y representativo del Centro.
Por esa razón, hace parte del Plan de Manejo y Protección Especial del Centro.
