“La Ley aprobada en el Senado es una inmensa oportunidad para deslegitimar todo ese paradigma que por décadas ha aceptado la violencia como una opción de crianza, dejando secuelas irreparables en la vida y en el desarrollo de los niños”, señaló Lina Arbeláez. “No se trata solamente de un avance legislativo en la reducción de la violencia, sino también de un mecanismo para hacer de los hogares verdaderos entornos protectores y de Colombia un lugar más seguro para la niñez”.

El castigo físico es una forma de maltrato infantil, y como tal, tiene graves efectos sobre la niñez. Como lo han demostrado diversos estudios científicos, esta práctica rompe los vínculos afectivos, produce alteraciones en la estructura cerebral, aumenta las probabilidades de padecer depresión y ansiedad, y se traduce en desventajas futuras en el desempeño académico y laboral. De allí que la prohibición del castigo físico se traduzca en mejores condiciones para el desarrollo de la niñez.

Al agradecer el compromiso de los legisladores con esta iniciativa, la Directora del ICBF recordó que la violencia contra la niñez cuesta anualmente cerca de siete billones de dólares, equivalentes al Producto Interno Bruto mundial, y la aprobación de la iniciativa será clave para transformar esta realidad.

“Además de los efectos sobre la vida de cada niño, el castigo físico tiene grandes repercusiones en el desarrollo de los países. Por ello, la Ley que lo prohíbe es también un gran paso para romper los ciclos de pobreza y reducir el impacto en el desarrollo social y económico de Colombia”, agregó la Directora.

Según la Encuesta Nacional de Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes (2018), el 41% de los niños, niñas y adolescentes colombianos ha sufrido algún tipo de violencia. De ellos, el 72% ha sido violentado en su propio hogar. Solo en 2020 el ICBF inició 2.482 procesos de protección para niños, niñas y adolescentes por violencia física en su contra, esto es cerca de siete víctimas al día.