• El Ministerio de Transporte ya adelantó las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda con el fin de buscar una adición presupuestal y garantizar el dragado en el siguiente año con niveles de servicio por parte de Cormagdalena.
• El Ministerio de Transporte hará viable la APP del proyecto de Navegabilidad del Río Magdalena una vez se cumplan todas las especificaciones técnicas, financieras y jurídicas para su plena ejecución, tal y como lo anunció la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, recientemente desde Barranquilla.
• La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realizaron una revisión integral a la estructuración del proyecto de navegabilidad del Río Magdalena.
En este sentido, las observaciones realizadas destacaron 4 puntos críticos del proyecto en estructuración que pretende desarrollar la navegabilidad del Río Magdalena y que se encuentra actualmente a cargo de Cormagdalena.
• De acuerdo a la estructuración de la APP existente del Río Magdalena, la profundidad del canal navegable solamente estaría garantizada a partir del sexto mes de suscripción del acta de inicio del contrato. Así lo establecía la sección 6 del contrato estructurado y su apéndice de operación y mantenimiento (Númeral 10.2.2.1).
En este orden de ideas, Cormagdalena no tenía previsto garantizar la navegabilidad por el Río Magdalena durante el periodo previo, (6 meses) pese a los evidentes riesgos generados por el Fenómeno del Niño en el año 2019.
• Aunado a tal error debe resaltarse que en el periodo previo a la adjudicación de la APP, Cormagdalena tampoco tenía previsto debidamente el dragado en el Río tal y como se está viendo en la situación actual.
• El Ministerio de Transporte ya está tomando acciones y uno de los temas a corregir es la estructuración del proyecto, mucho más teniendo en cuenta que el próximo año se prevé un Fenómeno del Niño y el cual no fue previsto presupuestalmente con anterioridad en el dragado.
• El Ministerio de Transporte reitera que no asumirá un proyecto de $2,3 billones, sin el cumplimiento de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que lo hagan viable.
