Caicedo, explicó que se debe garantizar a las mujeres el derecho a la justicia y a una vida libre de intimidación, pero en Colombia hay un gran retraso en programas que aborden la violencia de género. Si bien existen medidas de protección para las mujeres, al momento de acercarse a las comisarías de familia en donde se les puede brindar representación jurídica gratuita, claramente, siguen enfrentándose a desafíos para que se les aseguren sus derechos fundamentales, ya que el país tiene un contexto de violencia y discriminación estructural, en el cual las mujeres son sometidas de manera sistemática por parte de terceros a ataques físicos y psicológicos.
“En Colombia las mujeres continúan enfrentando barreras para acceder a la educación, a la información de los servicios de salud sexual y reproductivos, al igual que a la igualdad en las condiciones de trabajo y empleo. Adicional, en el país 2,7 mujeres fueron víctimas de feminicidio cada día en los últimos años. Según Medicina Legal, entre enero y octubre de 2021 un total de 98.546 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia, de esa cifra, se evidencia un aumento de feminicidios entre 2020 y 2021”, sentenció la abogada.
Asimismo, informó que durante este mismo año hubo 16.402 mujeres atendidas por violencia interpersonal; 15.644, sexual; 8.534, intrafamiliar; 23.679, de parejas; y 394 casos de suicidios. A esto se le suman los datos del Registro Único de Víctimas, en donde un total de 33.874 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado, de las cuales el 91% son mujeres. Sin duda, estas cifras son preocupantes.
Las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres requieren de una intervención especializada. La Coordinadora, enfatizó que la violación sistemática de los derechos se agudizó durante pandemia y las cuarentenas estrictas, ya que muchas mujeres quedaron encerradas con sus agresores. En promedio, cada 24 horas, 51 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual, el 78% de estos sucesos ocurren en sus hogares.
La mirada de la violencia en Bogotá y Medellín
La invitada viene trabajando en estas dos ciudades con un programa de protección y búsqueda de la justicia, teniendo como referencia dos marcos legales. El primero es la Ley 1257 de 2008 que brinda una serie de derechos a las ciudadanas y herramientas gratuitas a través de la Defensoría del Pueblo. La segunda, es la Ley 1761 de 2015 que ofrece estrategias para abordar violencia de género y la violencia feminicida, tratando de asegurar la administración de justicia.
Estas son las ciudades que más han avanzado en la representación jurídica a mujeres víctimas de violencia. En el caso de la Capital de la República, se hace a través de la Estrategia Justicia de Género; un instrumento destinado a trabajar en el reconocimiento, decisión, promoción, materialización, garantías y restablecimiento de sus Derechos Humanos, además buscar la eliminación de las causas estructurales de las violencias contra estas y el fomento del acceso real y efectivo de la administración de justicia. En Medellín el objetivo se enfocó en brindar asistencia técnica y legal, además de representación jurídica a mujeres sobrevivientes, directas o indirectas de la violencia basada en género, incluso, a los familiares de mujeres víctimas de feminicidio.
Los desafíos
El Gobierno Nacional tiene el reto de:
· Avalar y recoger los programas municipales o departamentales con la necesidad de la pertinencia para contar con servicios como estos
· Mantener desde los gobiernos locales las estrategias programáticas para garantizar la representación jurídica a víctimas, tanto en los planes de desarrollo y acuerdos municipales.
Desde la sociedad civil:
· Consolidar las redes feministas como una estrategia principal, eso resulta ser un punto clave.
Además, se han identificado barreras comunes como lo es la violencia institucional expresada en omisiones para aplicar estándares de derechos humanos de las mujeres en aspectos probatorios como el testimonio único, la presunción de veracidad de la víctima, la ausencia de unicidad y la constitucionalización de los procesos de protección por violencia en comisarías de familia.
“La falta de garantías para representación judicial de las mujeres víctimas de la violencia, en relación con la discriminación y maltrato que reciben las profesionales por parte de la institucionalidad, es otra barrera que se suma a la falta de garantías de seguridad y las formas de vinculación contractual para estas profesionales”, concluyó Caicedo.
