Antes de 2012, se abrieron 46 investigaciones preliminares contra funcionarios del INCODER (11 por corrupción), para un en total de 86 investigaciones disciplinarias en curso contra funcionarios del Instituto (25 de ellas son por aparentes casos de corrupción).
Acompañado de la Procuraduría, el INCODER ha denunciado ante la Fiscalía el robo de tierras en Antioquia y se abrieron cerca de 2000 expedientes que están bajo custodia del Ministerio Público.
Para hacerle frente a la corrupción, la gerente general del INCODER, Miriam Villegas, ha conformado grupos de trabajo con la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para revisar con lupa cada uno de los procesos, tanto a nivel central como en las 31 direcciones territoriales del INCODER.
De igual forma, el Instituto está documentando los procesos para dar con las personas que adjudicaron o titularon irregularmente tierras.
Como anunció el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, “El INCODER está preparando la escoba administrativa para hacer un barrido en todos los casos en donde funcionarios de entonces dieron, a sabiendas, títulos mal dados. Si alguno queda en el INCODER, será removido”.
El Instituto también se encuentra en el proceso de sustanciar casos puntuales con el fin de adelantar acciones públicas de nulidad.
También se ha reforzado los aspectos administrativos y jurídicos del INCODER para responderle a la población rural. Se están evaluando procedimientos y procesos, con el objeto de prestar servicios oportunos y eficientes a la población rural colombiana.
Más allá de estas acciones correctivas, la entidad ha venido trabajando con medidas preventivas, impulsando una campaña por la eficiencia y la transparencia en la que se divulgan los programas y servicios del Instituto y se invita a la ciudadanía a denunciar casos de corrupción.
El INCODER hace finalmente un llamado interinstitucional para atacar desde todos los frentes la corrupción y poder responder oportuna y eficazmente a las necesidades de la población rural.