De acuerdo con esa entidad, 8500 menores, de cinco años, padecen, en lo que va corrido de enero a septiembre, desnutrición aguda. Lo preocupante de esta situación es que hay un 38 por ciento más de casos con respecto a ese periodo en el 2020.

Pese a que aún falta mucho por hacer mi llamado es a seguir redoblando esfuerzos porque, lo que no podemos permitir es que más menores de edad sigan muriendo a raíz de esta causa. Así como se contemplan e incrementan partidas presupuestales para diferentes sectores en el Presupuesto General de la Nación (PGN), también es importante incluir más recursos que permitan dignificar la vida de nuestros niños, principalmente en esas zonas apartadas y vulnerables que aparte de prevalecer el hambre, también prevalecen otro tipo de necesidades como la falta de servicios públicos de calidad.

Esta cifra que reveló la Defensoría del Pueblo, que no deja de ser desconcertante, revela la cruda realidad de este flagelo, principalmente en departamentos como la Guajira, en el que a diario se vienen denunciado las graves condiciones en las que habitan muchos menores. Después de Bogotá, el departamento de la Guajira tiene el mayor número de casos notificados de niños y niñas afectados, seguido de Magdalena, Chocó, Cesar y Antioquia.

Lo paradójico es que el tema de la desnutrición seguirá en aumento si no se concretan acciones que en conjunto puedan ayudar a erradicar la situación. Desde el legislativo pusimos la lupa a través de una serie de debates al tema de la corrupción que había al interior de los contratos para el Programa de la Alimentación Escolar (PAE), y aunque los entes de control han hecho su trabajo al respecto y hoy día muchos departamentos, bajo la coordinación y supervisión de algunos entes territoriales, vienen prestando un mejor servicio, aún persisten denuncias por la baja calidad nutricional en algunas raciones de alimentos que hoy se entregan en algunas zonas del país.

El PAE, es tan sólo un programa de asistencia alimentaria que se constituyó, entre otras, para evitar la deserción escolar y también prevenir la desnutrición en nuestros menores, pero esta herramienta no ha sido, ni será suficiente, por lo que aquí es clave señalar que el papel principal para hallar soluciones de fondo no es sólo del Estado sino también de las familias.

Las familias, que son la primera línea del hogar, son las llamadas a actuar y a tocar las puertas ante las entidades competentes, como el Bienestar Familiar, para que se les brinde la atención oportuna.
Tristemente esta es una situación que viene de mucho tiempo atrás, sin que nada ni nadie la solucione. Es un tema de autoridades en todos los niveles, porque políticas públicas y de estado las hay, al igual que leyes. Sin embargo, para poder avanzar, tenemos que ponernos la camiseta todos.

Por: Martha Villalba H.