De acuerdo a los documentos de contexto y los testimonios de los desplazados, la vereda Casa Mayor vivió la época más crítica en materia de ataques durante el período 1995-2006. Las amenazas, las extorsiones y los homicidios, perpetrados inicialmente por el Frente 45 de las FARC y luego por el Frente “José Pablo Díaz” de las Autodefensas Unidas de Colombia, desencadenaron el éxodo de las familias que habitaban en esta población.
“A través de esta demanda la entidad busca restituir a estas familias afectadas por el conflicto armado cerca de 200 hectáreas. Estos predios fueron adquiridos inicialmente por el Incora; posteriormente le fueron adjudicados a estas personas para que desarrollaran allí diferentes actividades asociadas al campo”, dijo la subdirectora nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Alcelis Coneo.
La Unidad de Restitución de Tierras – Territorial Atlántico indicó que las demandas representan para estas familias la búsqueda de la reivindicación de sus derechos sobre la tierra. Así mismo, precisó que en tres de los casos, son las esposas y los hijos los que lograron el amparo a su derecho a la restitución de tierras, puesto que sus cónyuges y padres, respectivamente, quienes eran los propietarios de los predios, ya fallecieron por su avanzada edad, mientras que otros se encuentran en delicado estado de salud.
“Cuando un juez profiere una sentencia no sólo restituye sino que le ordena a las diferentes entidades a acompañar el regreso de las víctimas a sus predios, lo que termina generando mucha más confianza. Hay casos muy interesantes donde los jueces le ordenan a los alcaldes municipales que mejoren o construyan obras civiles de gran impacto para la comunidad”, expresó la Subdirectora nacional de la Unidad de Restitución de Tierras.
Alcelis Coneo señaló que los municipios del departamento del Atlántico con el mayor número de solicitudes de restitución son: Ponedera (125), Barranquilla (103) y Piojó (63). Finalmente, destacó el logro alcanzado por el proceso de Restitución de Tierras en cuanto a que sea una autoridad legítimamente constituida, la que se pronuncie sobre la legalidad de ese derecho asociado al territorio.
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