Somos conscientes y, además, testigos de los grandes sufrimientos y dificultades a que se encuentra sometida la Región: Apagones constantes, prolongados, sin previo aviso ni justificación alguna; altas facturaciones, pese a las grandes interrupciones del servicio; personas electrocutadas como consecuencia de las fuertes fluctuaciones de voltaje; demoras en la atención de los daños y acoso permanente de las cuadrillas, generando peligrosos conflictos con los usuarios, entre otras situaciones.
El panorama actual, reflejado en una profunda crisis del servicio, amerita la urgente intervención no solamente del Gobierno Nacional en cabeza de sus autoridades competentes como el Ministerio de Minas y Energía, sino también de los gobernantes locales y departamentales a quienes la ciudadanía les confirió el poder para defender sus intereses desde las Alcaldías y Gobernaciones.
Por ello, en nuestra condición de gobernantes electos, no podemos ser ajenos a la crítica situación y, en consecuencia, reclamamos acciones inmediatas y efectivas, por parte del Ministerio de Minas, en Electricaribe, que conduzcan a: Garantizar de manera oportuna el servicio, la pronta atención de daños y reclamos, la revisión tarifaria en la Región Caribe y de los recursos asignados a la empresa, a través de diversos fondos, cuyos resultados, en materia de inversión, no han llenado las expectativas de casi medio millón de usuarios que aún siguen esperando la normalización eléctrica.
Esta petición la hacemos extensiva a otras autoridades relacionadas con la problemática, como la comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), a través de la cual exigimos políticas claras para la aplicación tarifaria en épocas como las de El Niño y La Niña, donde se presenta un desborde en las tarifas, como el que estamos viviendo actualmente.
El esquema actual de Electricaribe ha demostrado su total incapacidad para atender, de manera monopólica, el servicio de energía en toda una Región como la nuestra. Es por ello que, como representantes de la Región que nos eligió, conjuntamente con el Gobierno Nacional buscaremos alternativas que garanticen la calidad del servicio y con costos tarifarios acordes con las condiciones socio-económicas de la población.
Por último, exigimos al Gobierno Nacional propiciar con los mandatarios firmantes de este pronunciamiento una cumbre, en una ciudad de la Costa Caribe, para definir las estrategias y planes de trabajo, inmediatos, sin más dilaciones, para empezar a mejorar el servicio de energía y frenar las altas tarifas y los abusos de la empresa de servicios públicos domiciliarios.
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