Nuevo CNE el reto de recuperar la confianza electoral en Colombia
Editorial: la elección de los nueve magistrados para el periodo 2026-2030 llega en medio de una profunda polarización, denuncias de supuesto fraude y cuestionamientos sobre la influencia política en el máximo organismo electoral.
Colombia vuelve a enfrentar una pregunta que parece repetirse elección tras elección: ¿quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de vigilar las elecciones?
El Congreso de la República acaba de elegir a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el periodo 2026-2030, en una jornada marcada por acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas. El resultado dejó siete representantes de sectores de centro y centroderecha y dos del Pacto Histórico: Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista.
El nuevo CNE recibe una responsabilidad enorme. Tendrá que vigilar campañas, financiación política, partidos, escrutinios y garantías electorales en un país profundamente dividido y donde la confianza en las instituciones electorales se encuentra bajo presión.
Y aquí comienza el verdadero problema.
La sombra histórica de la corrupción electoral
Hablar de elecciones en Colombia también implica hablar de clientelismo, compra de votos, financiación irregular, trashumancia electoral, manipulación de resultados y utilización de recursos públicos con fines políticos. No se trata de fenómenos nuevos ni exclusivos de una corriente ideológica.
Durante décadas, diferentes sectores políticos han sido señalados o investigados por prácticas que ponen en riesgo la transparencia electoral. El problema es que muchas veces la discusión termina reducida a quién ganó o quién perdió, cuando la verdadera pregunta debería ser mucho más profunda: ¿qué tan confiable es el sistema que determina quién gana?
El CNE debería ser una de las respuestas a esa pregunta. Sin embargo, su mecanismo de elección genera una contradicción difícil de ignorar: los magistrados del organismo encargado de controlar a los partidos son elegidos precisamente por esos partidos representados en el Congreso.
La Constitución establece que los nueve magistrados son elegidos por el Congreso en pleno mediante el sistema de cifra repartidora. Es decir, existe una relación directa entre la composición política del Legislativo y la conformación del tribunal electoral.
Legalmente es el procedimiento establecido. Pero políticamente plantea un desafío evidente de independencia.
Las denuncias de Petro no pueden ser ignoradas
En este contexto adquieren especial importancia las denuncias realizadas por el entonces presidente Gustavo Petro durante las elecciones de 2026.
Petro llegó a afirmar que Colombia había sufrido un supuesto fraude electoral mediante mecanismos algorítmicos y señaló a empresas de Estados Unidos e Israel de una presunta intervención en el proceso. Esas afirmaciones fueron ampliamente controvertidas y, hasta ahora, no equivalen por sí mismas a una prueba judicial de fraude.
Pero una democracia seria no debería responder a una denuncia de semejante gravedad simplemente con aplausos o burlas dependiendo de quién la formule.
Debe investigarla.
Si las acusaciones carecen de fundamento, corresponde demostrarlo con evidencia técnica, auditorías independientes y resultados verificables. Si existen elementos que ameriten investigación, las autoridades deben avanzar hasta establecer qué ocurrió.
La peor respuesta posible para Colombia sería que una denuncia sobre la integridad de las elecciones terminara convertida únicamente en una pelea entre petrismo y antipetrismo.
¿Hubo intervención extranjera?
El debate sobre una eventual participación extranjera merece todavía más cuidado.
Petro ha señalado una supuesta intervención de intereses de Estados Unidos e Israel en el proceso electoral, mientras que el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella ha mostrado un marcado acercamiento diplomático hacia Israel y Estados Unidos. La llegada de personal israelí para labores de asistencia tras el terremoto también generó una controversia política en la que sectores de la oposición cuestionaron la presencia de esa delegación.
Pero una cosa es cuestionar o investigar una posible injerencia extranjera y otra muy diferente es presentar como hechos comprobados acusaciones que todavía requieren pruebas.
Colombia necesita información verificable, no teorías políticas.
Si hubo financiación extranjera ilegal, manipulación tecnológica, operaciones de influencia o intervención en el proceso electoral, el país tiene derecho a saberlo. Y si no ocurrió, también tiene derecho a saber por qué las acusaciones no tienen sustento.
La soberanía electoral no puede depender de simpatías ideológicas.
Un CNE con una mayoría política incómoda
El nuevo Consejo Nacional Electoral quedó conformado por Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, por el Pacto Histórico; Nubia Stella Martínez y Plinio Alarcón, por el Centro Democrático y MIRA; Silvio Carrasquilla, por el Partido Liberal; Juan Carlos Wills, por el Partido Conservador; Juan Felipe Lemos, por La U; José Antonio Parra, por Salvación Nacional, y Gersel Pérez, por Cambio Radical.
El resultado significa que el Pacto Histórico tendrá dos de los nueve asientos, mientras que las demás posiciones quedaron en manos de fuerzas políticas que, en términos generales, tienen una posición más cercana al actual Gobierno.
Esto no significa automáticamente que el CNE vaya a actuar en favor del Ejecutivo. La independencia de cada magistrado tendrá que demostrarse en sus decisiones.
Y ahí estará la verdadera prueba.
El organismo tendrá que tomar decisiones sobre financiación de campañas, investigaciones administrativas, partidos, personerías jurídicas, escrutinios y posibles irregularidades electorales. También tendrá asuntos que pueden afectar directamente a las fuerzas que participaron en la elección de sus integrantes.
Por eso, el nuevo CNE no puede convertirse en una extensión del Congreso ni del Gobierno.
El futuro del CNE se juega en su independencia
El país no necesita un CNE de izquierda, de derecha ni de gobierno. Necesita un CNE confiable.
La elección de sus nueve magistrados debería ser apenas el comienzo de una discusión mucho más profunda sobre la arquitectura electoral colombiana.
Porque mientras los partidos tengan una influencia tan determinante en la escogencia de quienes posteriormente deben vigilarlos, permanecerá abierta la discusión sobre la verdadera independencia del organismo.
El nuevo CNE tendrá una oportunidad histórica: demostrar que sus decisiones no obedecerán a las mayorías políticas que ayudaron a elegirlo, sino a la Constitución, la ley y las pruebas.
Y esa oportunidad será especialmente importante después de unas elecciones presidenciales que dejaron una diferencia estrecha entre los dos principales candidatos y un país políticamente fracturado.
La democracia no se defiende solamente el día de las elecciones. Se defiende cuando se cuentan los votos, cuando se auditan los sistemas, cuando se investigan las denuncias y cuando quienes pierden aceptan el resultado porque confían en las instituciones.
Colombia necesita recuperar precisamente eso: la confianza.
Si el nuevo CNE logra hacerlo, habrá dado un paso fundamental. Si termina convertido en otro escenario de la confrontación política, la desconfianza continuará creciendo.
El desafío no es menor. El futuro de la democracia colombiana también se juega dentro de ese Consejo Nacional Electoral.
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