Gustavo Petro, presidente de Colombia y Martha Carvajalino, ministra de Agricultura
Mientras delegaciones nacionales e internacionales debaten sobre acceso a la tierra y desarrollo rural en la ICARRD+20 que se celebra en Cartagena, a tan solo 20 minutos al norte de la ciudad, el corregimiento afrodescendiente de Arroyo Grande sigue esperando soluciones básicas: no tiene acueducto, ni alcantarillado, ni red de gas domiciliario, y enfrenta desde hace años la falta de titulación formal de las tierras que trabaja su campesinado.
La comunidad, integrada mayoritariamente por familias afro, ha librado una batalla jurídica para que se cumpla la Sentencia T-601/16 de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoce derechos sobre la tierra a favor del campesinado local. Sin embargo, pese al fallo, los títulos no han sido entregados por la Agencia Nacional de Tierras, lo que mantiene en incertidumbre a decenas de familias que dependen de la agricultura para subsistir.
La falta de formalización limita el acceso a créditos, proyectos productivos y programas estatales de desarrollo rural. Sin títulos, los campesinos no pueden garantizar inversión ni planificar a largo plazo. A esto se suma la precariedad en servicios públicos: el acceso al agua potable depende de soluciones informales, no existe sistema de alcantarillado y el gas domiciliario es inexistente, condiciones que profundizan la brecha frente al casco urbano de Cartagena.
Paradójicamente, el caso de Arroyo Grande ocurre en el marco de una conferencia internacional que discute precisamente la reforma agraria y el desarrollo rural. Líderes comunitarios consideran que el corregimiento representa un ejemplo concreto de los desafíos estructurales que aún persisten en Colombia: concentración de la tierra, lentitud institucional y abandono histórico de poblaciones afro y campesinas.
La comunidad hace un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que intervenga y garantice el cumplimiento efectivo de la sentencia, así como la articulación de las entidades competentes para llevar inversión social al territorio. También piden acciones concretas de la Agencia Nacional de Tierras y de las autoridades distritales y departamentales para asegurar la titulación y la implementación de servicios básicos.
En un escenario internacional que promueve la equidad en el acceso a la tierra, Arroyo Grande reclama que las discusiones no se queden en declaraciones, sino que se traduzcan en decisiones administrativas y presupuestales. Para sus habitantes, la reforma agraria no es un concepto académico: es la posibilidad real de trabajar legalmente su tierra, acceder a agua potable y construir condiciones dignas para las futuras generaciones.
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