José David Name Cardozo, senador del partido de la U
Por José David Name Cardozo
El robo de ganado en el departamento del Atlántico ha alcanzado niveles críticos, poniendo en jaque a pequeños y medianos ganaderos que por décadas han sostenido la economía rural y la seguridad alimentaria de la región. El escalamiento del delito ha generado un clima de temor, desprotección e incertidumbre que amenaza la continuidad de la actividad ganadera y el arraigo de las comunidades campesinas.
La expansión del crimen organizado ha transformado el abigeato en una actividad cada vez más sofisticada. Lo que antes se denunciaba como el hurto diario de dos o tres reses —ya de por sí alarmante— ha evolucionado en los últimos meses hacia modalidades de mayor escala, con una capacidad operativa que evidencia la participación de estructuras criminales organizadas.
El caso más reciente se registró en el municipio de Galapa, donde fueron robadas 47 cabezas de ganado, avaluadas en más de 280 millones de pesos. Este hecho confirma que el delito ha dejado de ser carneo ocasional para convertirse en robos masivos, ejecutados con logística, información previa y recursos suficientes para movilizar grandes cantidades de animales por vías secundarias sin ser detectados.
El temor a represalias, la desconfianza en las instituciones, la limitada presencia estatal y los altos índices de impunidad han llevado a muchos ganaderos a abstenerse de denunciar estos hechos. Esta realidad no solo alimenta el subregistro en las cifras oficiales, sino que también limita la capacidad de reacción de las autoridades y perpetúa un círculo de impunidad que frena el desarrollo del campo colombiano.
La creciente preocupación del sector agropecuario refleja el deterioro de las condiciones de seguridad rural y la persistente sensación de abandono institucional. Aunque se reconocen los esfuerzos de las autoridades departamentales, las acciones implementadas resultan insuficientes y poco articuladas, lo que evidencia la necesidad de una estrategia integral de seguridad rural liderada por el Gobierno Nacional, que combine prevención, control y sanciones efectivas.
Para enfrentar de manera contundente el abigeato, se requiere fortalecer el pie de fuerza en las zonas rurales, incrementar los puestos de control, regular estrictamente el transporte y la comercialización de semovientes, mejorar los sistemas de inteligencia, reforzar las redes de comunicación y consolidar la articulación entre autoridades, gremios ganaderos y comunidades campesinas. El robo de ganado en el Atlántico no puede seguir siendo tratado como un problema menor: es urgente restablecer la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad económica del sector ganadero.
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