Barranquilla fue escogida por el Gobierno nacional para lanzar la nueva política pública de Justicia Juvenil Restaurativa, que busca proteger a los jóvenes del delito y garantizar que existan procesos de justicia restaurativa que les permita, ante algún delito, resarcir a las comunidades y personas afectadas por el mismo y puedan formular un proyecto de vida junto con sus familias en legalidad.