“El Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia decidió perpetrar la masacre, puesto que manejaba la versión de que cuatro personas de la región eran auxiliadoras de la guerrilla. Inicialmente se desplazaron de la zona los familiares de los campesinos asesinados, sin embargo en los meses siguientes, un total de cuatro mil personas abandonaron ambos municipios”, dijo la directora de la Territorial Atlántico, Ella Del Castillo.

Del Castillo expresó que cotejo de la información suministrada por las autoridades además de mostrar lo acontecido allí, también ha permitido identificar a personas inescrupulosas que pretenden hacerse pasar por desplazados para poder acceder a los subsidios otorgados por el Estado. Por otra parte, manifestó que el desconocimiento de la comunidad de la Ley 1448 de 2011, ha incidido en el bajo número de solicitudes de restitución.

“La no asociación del término ‘abandono’ con restitución de tierras puede ser una de las razones por las que las víctimas no se han acercado a iniciar su trámite. Sin embargo, no podemos desconocer el hecho de que en Cerro de San Antonio y Concordia, las personas aún sienten temor por las represalias que podrían generarse una vez tomen parte de este proceso”, expresó la funcionaria.

La Directora de la Territorial Atlántico precisó que a diferencia de otros municipios cercanos donde se produjeron despojos de tierras, en estas poblaciones se presentaron casos de abandono forzado de las mismas, puesto que los desplazados en su mayoría no eran propietarios de los predios donde laboraban. Así mismo, señaló que la principal dificultad enfrentada hasta el momento es la concreción por parte de las autoridades municipales de los comités de justicia transicional.

{fcomment}