Bajo el lema “Áreas Protegidas: Territorios para la vida y la paz”, el II Congreso se convirtió en un evento que a juicio de las políticas públicas de cada sector productivo y su armonización con los procesos de conservación de la biodiversidad, articulando metas de crecimiento económico y social, con las prioridades y necesidades de conservación que se requiere para proteger el patrimonio natural y cultural del país, como parte de la base fundamental para garantizar la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la población.
El evento, contó con la participación de más de 1.200 asistentes, reunidos en un solo recinto durante 3 días, el cual fue propicio para realizar paneles y conferencias que les permitieron reflexionar sobre el papel de las áreas protegidas de cara a los nuevos retos del desarrollo económico y social del país. Cabe recordar, que en el Atlántico se han declarado ya tres áreas protegidas: Luriza, en Usiacurí; Rosales, en Luruaco y Palomar en Piojó.
El contenido temático en este evento fue estructurado con los aportes de personas e instituciones comprometidas con la conservación del patrimonio natural y cultural del país, recogiendo las metas y compromisos de Colombia en el marco del Convenio de diversidad biológica y las temáticas que serán presentadas en el Congreso Mundial de Parques que se realizará en noviembre de 2014 en Sidney – Australia, así como los compromisos adquiridos por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP en el I Congreso de áreas protegidas realizado en el 2009.
La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco sistémicos (PNGIBSE, 2012) establece que el país ha avanzado significativamente en la consolidación de su Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) (CONPES 3680 de 2010, Decreto 2372 de 2010), sin embargo, la representatividad eco sistémica y la sostenibilidad financiera del SINAP aún no están garantizados. En tal sentido, el país ha identificado un portafolio de prioridades de conservación que identifica cerca de 40 millones de hectáreas prioritarias, a partir de 33 estudios de prioridades de conservación realizados a diferentes escalas, que buscan determinar los sitios estratégicos para el SINAP, donde se logren representar cada vez mejor los ecosistemas que caracterizan el país y que conforman el patrimonio natural nacional.
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