Saldar una deuda histórica con las víctimas del conflicto que no habían sido reparadas integralmente en el pasado, recuperar sus tierras arrebatadas durante y con ocasión del conflicto armado en el campo colombiano y aportar al proceso de reconciliación nacional, son algunos de los logros más significativos de esta política creada por la Ley 1448 de 2011.
La Unidad de Restitución de Tierras, como encargada de la parte administrativa del proceso de restitución, es protagonista en la labor de devolver las tierras a sus legítimos dueños. Hasta el momento, se han presentado un total 4.733 casos ante los jueces por más de 300 mil hectáreas de tierra. Se han resuelto casos de cerca de 2 mil familias, existe un territorio restituido equivalente a la extensión de San Andrés y más de 15 mil millones de pesos han sido desembolsados a las familias restituidas para que puedan generar y progreso sostenibilidad en el campo.
Antes de la construcción de la institucionalidad que se desprende de esta ley, los campesinos desplazados por la violencia, a lo largo de los años, habían tenido que enfrentar una situación de abandono, en donde el Estado no había priorizado su reparación integral. Hace tres años, bajo esta nueva perspectiva social y jurídica, el país cambió en pro de su atención.
Gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las víctimas del conflicto armado, hoy en día, cuentan con el acompañamiento estatal necesario para retornar a sus tierras bajo condiciones dignas. De esta manera, el Gobierno comenzó el proceso para construir una paz duradera en el país.
La restitución de tierras permite que los campesinos regresen a los ámbitos social, político y económico, del que fueron excluidos por culpa del conflicto interno. Por lo tanto, este proceso implica la gigantesca tarea de enfrentarse a problemas que han afectado al país en toda su historia, como la tenencia informal de la tierra, la segregación del sector agropecuario y las condiciones de seguridad en el campo.
Cabe aclarar que esta ley busca reparar integralmente a las víctimas, en esta se prevén los diferentes casos que se dan en el país con respecto a reclamantes de tierras. Es así como existe una variedad de enfoques diferenciales (niños, niñas mujeres y adultos; étnico; y etario) que permiten a la Unidad y a los jueces especializados acercarse de una manera más humana a las víctimas.
Por otro lado, la reactivación económica del campo es un componente a resaltar en esta iniciativa gubernamental. Los predios, al ser restituidos, cuentan con hasta 26 smmlv para proyectos productivos, lo que se traduce en una reinserción de las personas a la vida económica agropecuaria. De la misma manera, la Unidad, a través del Banco Agrario, tramita subsidios de vivienda para que los campesinos vuelvan a vivir en sus tierras.
La restitución material de un predio implica diversos trámites que ayudan a la modernización del país en varios aspectos. Uno de ellos es el trabajo de georreferenciación del predio, lo que permite actualizar, con las técnicas más modernas, los datos de cabida y linderos que determinan los límites de los terrenos.
De esta manera, la Ley 1448 del 2011 cambia al país, reparando a las víctimas del conflicto y modernizando los diferentes procesos que están involucrados en esta labor. En la conmemoración del tercer año de entrada en vigencia de esta ley, los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras mantienen claro su objetivo a favor de las víctimas del conflicto, por quienes trabajan diariamente, construyendo junto a ellos un país en paz.
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