Fondo Milagro salarios de lujo, damnificados en la calle y un Gobierno que debe responder
Hay situaciones que no solamente evidencian la ineficiencia de un Gobierno, sino que representan una bofetada a la dignidad humana. Lo que está ocurriendo con el Fondo Milagro, creado para atender a las víctimas del terremoto que devastó varias regiones de Colombia, es uno de esos episodios que merecen el rechazo ciudadano y una explicación urgente del presidente Abelardo de la Espriella.
Mientras miles de familias perdieron sus viviendas, sus pertenencias y hasta sus seres queridos, y todavía esperan una solución digna para reconstruir sus vidas, los colombianos se encuentran con una realidad indignante: una estructura administrativa con salarios que superan los 30 millones de pesos mensuales, un gerente que devenga cerca de 40 millones y una nómina que representa más de 760 millones de pesos cada mes.
¿En qué país puede considerarse aceptable que quienes tienen la responsabilidad de atender una tragedia humanitaria reciban remuneraciones millonarias mientras las víctimas siguen esperando respuestas? ¿Cómo se explica que exista semejante capacidad para financiar una burocracia de altos salarios, pero no la misma eficiencia para garantizar techos, subsidios y soluciones habitacionales a quienes lo perdieron todo?
Las declaraciones del representante a la Cámara Duvalier Sánchez ponen el dedo en una herida que el Gobierno no puede seguir ocultando. El congresista cuestionó la permanencia de Jaime Andrés Uribe en la gerencia del Fondo Milagro, denunció la falta de resultados concretos y reclamó al presidente que asuma su responsabilidad política frente a una emergencia que exige capacidad, experiencia y sensibilidad social.
Y tiene razón en algo fundamental: la responsabilidad de un Gobierno no se mide por sus discursos, sus fotografías ni sus anuncios de grandes inversiones. Se mide por los resultados que llegan a la gente. Una vivienda reconstruida, una familia que recupera su hogar, una comunidad que vuelve a tener servicios básicos y una víctima que deja de dormir en condiciones indignas valen mucho más que cualquier presentación institucional.
Las cifras conocidas son difíciles de justificar. Según la información revelada por el propio Gobierno, el Fondo Milagro tiene recursos aprobados por más de 624.000 millones de pesos, pero su ejecución contractual apenas representa una pequeña fracción de ese presupuesto. El Ministerio de Vivienda reportó 21 viviendas entregadas de las 1.119 inicialmente ofrecidas y reconoció que los subsidios familiares de vivienda todavía estaban en etapa de estructuración.
Mientras tanto, la nómina mensual reportada supera los 760 millones de pesos. El gerente Jaime Andrés Uribe recibe $39,4 millones mensuales, mientras otros directivos y coordinadores devengan remuneraciones superiores a los 30 millones. Una estructura que contrasta dramáticamente con la urgencia de las comunidades que esperan recuperar sus hogares.
No se trata de desconocer que administrar una emergencia nacional requiere profesionales y recursos técnicos. Tampoco de afirmar que todo funcionario debe trabajar gratuitamente. Se trata de exigir proporcionalidad, transparencia, experiencia y resultados. El dinero público destinado a una tragedia no puede convertirse en una oportunidad para construir una burocracia privilegiada.
Lo más preocupante es que el presidente Abelardo de la Espriella pretenda tomar distancia de una estructura que nació bajo su administración y que tiene responsabilidades estratégicas en la reconstrucción nacional. El mandatario afirmó que no había autorizado esos salarios y ordenó reversarlos. Pero esa explicación no resuelve el problema de fondo. Si no los autorizó, debe explicar quién tomó esas decisiones, quién las permitió, qué controles fallaron y qué responsabilidades se van a establecer.
Gobernar también significa responder por los funcionarios que se designan, por las instituciones que se crean y por los recursos que se administran. No basta con sorprenderse cuando estalla un escándalo. La ciudadanía necesita decisiones, investigaciones y resultados verificables.
Tampoco puede pasar inadvertido que el gerente del Fondo Milagro haya sido cuestionado por sus ausencias a los debates de control político en el Congreso. Quien administra recursos destinados a atender a cientos de miles de damnificados tiene la obligación de rendir cuentas. El Congreso no está pidiendo un favor: está ejerciendo una función constitucional en nombre de los ciudadanos.
La tragedia no puede convertirse en un negocio de la burocracia
Detrás de cada cifra hay seres humanos. Hay madres que perdieron sus casas, niños que interrumpieron sus estudios, adultos mayores que quedaron sin un lugar seguro donde dormir y familias que continúan enfrentando las consecuencias económicas y emocionales de una tragedia que no provocaron.
Para esas personas, el Fondo Milagro no puede ser una entidad de anuncios y promesas. Debe ser una herramienta efectiva para devolverles la posibilidad de vivir dignamente. Cada peso gastado en administración debe tener una justificación y cada decisión debe responder a las necesidades de quienes más sufren.
Colombia ya ha conocido demasiados escándalos relacionados con la contratación pública, la corrupción y el aprovechamiento de los recursos destinados a las poblaciones vulnerables. No podemos permitir que una emergencia de semejante magnitud termine reproduciendo las mismas prácticas que históricamente han debilitado la confianza en las instituciones.
El presidente debe gobernar y escuchar a las víctimas
Desde CMM Noticias consideramos que el presidente Abelardo de la Espriella tiene que asumir plenamente su responsabilidad. Debe revisar la continuidad de la gerencia del Fondo Milagro, garantizar una auditoría independiente, publicar los contratos, explicar la estructura salarial y establecer un cronograma público de reconstrucción con metas verificables por municipio y departamento.
También debe escuchar a los alcaldes, a los organismos de control y, sobre todo, a las víctimas. No puede haber reconstrucción sin participación de las comunidades ni política de atención humanitaria que ignore la realidad de quienes siguen esperando una vivienda.
La renuncia del gerente, si se determina que no tiene la capacidad o los resultados necesarios, no debe convertirse en el único sacrificio para cerrar el escándalo. La responsabilidad institucional debe llegar hasta quienes tomaron las decisiones, aprobaron los gastos y permitieron que la respuesta a la emergencia avanzara a un ritmo tan cuestionado.
El país no necesita más discursos sobre milagros. Necesita viviendas, recursos ejecutados con transparencia, soluciones reales y funcionarios que entiendan que administrar dinero público es una responsabilidad, no un privilegio.
Porque mientras algunos reciben salarios millonarios cada mes, hay familias que todavía esperan recuperar el techo que el terremoto les arrebató. Y esa diferencia, en una sociedad que aspira a ser justa, es sencillamente vergonzosa.
La verdadera emergencia no es la falta de cargos ni de funcionarios bien remunerados. La verdadera emergencia es que cientos de miles de colombianos necesitan recuperar sus vidas y todavía no encuentran una respuesta a la altura de su tragedia.
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