Triple A refuerza su ofensiva contra el fraude de agua en Atlántico
La empresa Triple A intensificó su lucha contra el fraude de agua en el Atlántico, logrando detectar más de 26.000 casos de defraudación de fluidos entre 2024 y lo que va de 2025, lo que representa una pérdida significativa de recursos hídricos y económicos. Gracias a sus estrategias de control y detección, ha recuperado más de un millón de metros cúbicos de agua, suficientes para abastecer por dos meses a un municipio como Sabanalarga.
La recuperación de este volumen equivale a más de $8.000 millones, además de acuerdos de pago por $2.000 millones por facturación omitida. Estas acciones forman parte del trabajo de la Gerencia de Eficiencia Hidráulica, que lidera los esfuerzos para reducir pérdidas técnicas y comerciales, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa.
Triple A utiliza tecnología avanzada como georradares, geófonos y medidores inteligentes, así como análisis estadístico y de datos de consumo para identificar zonas con alta incidencia de fraude. Esta labor técnica se complementa con operativos conjuntos con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, quienes interponen las denuncias penales correspondientes.
Álvaro Araújo, gerente de Eficiencia Hidráulica, subrayó que el fraude no solo perjudica a la empresa, sino también a los usuarios que cumplen con sus pagos, ya que impacta en la calidad del servicio. Por eso, además de la detección, se promueve una campaña de concientización ciudadana para denunciar irregularidades y fomentar el uso responsable del agua.
Sneider Lobo, director de Pérdidas Comerciales, señaló que estas prácticas ilícitas generan baja presión e interrupciones del servicio, afectando directamente a la comunidad. Asimismo, desvían recursos que podrían ser utilizados para expandir la cobertura en zonas que aún no tienen acceso al servicio de agua potable.
Triple A recordó que el fraude de agua es un delito penal en Colombia, tipificado en el Artículo 256 del Código Penal. La norma contempla penas de 16 a 72 meses de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes, además del pago del consumo defraudado y la suspensión del servicio.
El delito incluye acciones como conexiones ilegales, manipulación de medidores, acometidas dobles o cualquier alteración del sistema de control, lo que implica el incumplimiento del contrato con el prestador del servicio. La empresa ha habilitado canales seguros y confidenciales para que los ciudadanos puedan reportar este tipo de casos.
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