En Colombia son muchos los mecanismos utilizados para abordar el tema. Sin embargo, soy consciente que no basta sólo con proyectos, reformas o consultas para combatir la corrupción. Se necesita sinergia entre las tres ramas del poder público y la academia, toda vez que reconocidas instituciones de educación superior en el país han gastado esfuerzos desarrollando investigaciones profundas al respecto.

Lo cierto es que el panorama no deja de ser complejo e incierto, sobre todo cuando las responsabilidades se le atribuyen, principalmente, al sector público y cuando según Transparencia Internacional, a través de un informe dado a conocer en 2017, señala que Colombia cayó seis puestos en el Índice de Percepción de Corrupción a nivel mundial y actualmente ocupa el puesto 96 entre 180 Estados.

Muchos han sido los proyectos que desde el Congreso de la República se han presentado para combatir la corrupción en el país, uno de los más cuestionados fue el de la Consulta Anticorrupción, votada el pasado 26 de agosto y que pese a no alcanzar el umbral suscitó un intenso debate debido a que su contenido ya está regulado, en su gran mayoría, por normas constitucionales y legales.

En la actualidad cursan en el legislativo proyectos de reforma política que también tienen como esencia la lucha contra la corrupción, buscando prevenir y evitar prácticas como la ya conocida compra de votos y que ingresen dineros de cuestionada reputación a las campañas políticas, entre otras.

Medidas que aún no han tenido eco porque algunas, más allá de proponer una solución de fondo, rallan es en el populismo para favorecer futuras aspiraciones. Pero, si por los lados del sector público llueve, por los lados del privado no escampa, y es que, según un estudio de la Universidad Externado de Colombia sobre la corrupción en el país y cuyas conclusiones fueron dadas a conocer a través del periódico El Tiempo en agosto de este año, “el 58% de los empresarios creen que sin sobornos se pierden negocios”.

La triste realidad es que nos encontramos entre los 10 países más corruptos del mundo y ese documento del externado señala que la corrupción le cobra al país 9 billones de pesos al año. Una cifra bastante considerable y que hoy el país requiere a raíz de la desfinanciación de muchos programas y sectores.

Debemos concentrarnos en mejorar el nivel de formación profesional de nuestros funcionarios ya que, según la Dirección de Transparencia por Colombia, los niveles son muy bajos y eso lo que hace es que se conformen estructuras burocráticas débiles. El otro problema es que aquí hay un gran número de procedimientos y de requisitos para todo. Esto, a mi forma de ver, genera muchos peajes de corrupción.

La corrupción es un síntoma de que la relación Estado-sociedad están débiles ante la justicia y lo que tenemos que hacer es enfocar todas las políticas públicas al fortalecimiento institucional. Para luchar seriamente por la no corrupción, se debe involucrar de manera activa, directa y permanente al sector público, a la academia, a las empresas, a la sociedad civil (familias) y a los medios de comunicación.

No basta solo con normas y para ello se debe incentivar más la adopción de indicadores de buena gobernabilidad de todos sus agentes estatales. Considero que desde las escuelas y en todos los escenarios se debe promover más la cultura de la legalidad. Esto impactaría positivamente en la eficacia de la función pública, y podría ayudar a recuperar la credibilidad y la confianza en las instituciones y en la apropiación ciudadana de lo público y también lo privado.