MinHacienda hace precisiones sobre el alcance de la declaratoria de la Emergencia Económica y Social
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisó el alcance de la Emergencia Económica y Social declarada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, así como las medidas impositivas que serán adoptadas en los próximos días para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y la estabilidad fiscal del país.
El ministro Germán Ávila Plazas explicó que, aunque 2025 ha sido un año positivo en términos económicos, la declaratoria busca proteger las finanzas públicas y asegurar la continuidad de la infraestructura del Estado, ante la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación para 2026.
En los considerandos del decreto se advierte que el presupuesto quedó aforado en $546,9 billones, con ingresos corrientes estimados en $501 billones, ingresos de establecimientos públicos por $29,6 billones y $16,3 billones que dependían de la Ley de Financiamiento, la cual fue archivada por el Congreso.
Frente a las nuevas medidas tributarias, el ministro desmintió que el Gobierno contemple la creación del impuesto 5×1.000. “Ese tema no ha sido considerado”, afirmó, y aclaró que los ajustes fiscales no estarán dirigidos a todos los colombianos, sino a sectores económicos específicos con mayor capacidad contributiva.
Entre las disposiciones anunciadas se encuentra el aumento en la escala del impuesto al patrimonio en 0,5 %, que quedará establecida así: 1 % para patrimonios entre $3.600 millones y $6.000 millones; 2 % entre $6.000 millones y $12.000 millones; 3 % entre $12.000 millones y $100.000 millones; y 5 % para patrimonios superiores a $100.000 millones.
Adicionalmente, el sector financiero asumirá una sobretasa de 10 puntos adicionales a los 5 puntos vigentes, lo que elevará su impuesto de renta al 15 %. Con este gravamen, el Gobierno espera recaudar cerca de $3,5 billones.
El decreto también contempla gastos adicionales no financiados, entre ellos $1 billón para contrarrestar acciones armadas de grupos ilegales, destinados al fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección y a la dotación tecnológica de la Fuerza Pública. El Ministerio de Defensa estima que se requieren $2,7 billones para mejorar la infraestructura y capacidades tecnológicas de esta entidad.
Asimismo, se proyectan $3,3 billones para equiparar los planes de beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo de salud, por orden de la Corte Constitucional; $0,5 billones para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el fin de atender la ola invernal y los daños ocasionados por el terremoto en Paratebueno, Cundinamarca.
El documento incluye $9,9 billones para el cumplimiento de sentencias judiciales relacionadas con víctimas de la violencia, desastres naturales, salud y protección de minorías étnicas; $1,5 billones para créditos judicialmente reconocidos en 2026; y el pago de $5,1 billones en subsidios pendientes de 2025, principalmente en energía y gas.
También se prevé un gasto de $1,6 billones para indemnizaciones a familias víctimas de desplazamiento forzado. Finalmente, la declaratoria de emergencia establece que las medidas para superar la crisis económica se enfocarán en impuestos directos e indirectos para personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como en tributos orientados a corregir externalidades negativas en materia ambiental y de salud pública.
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