Igualmente comparto la instrucción del señor presidente sobre el esfuerzo de canalizar recursos económicos para atender la emergencia sanitaria y de salud pública derivada de lo que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como pandemia, que sin duda ha alterado la vida personal de la Nación y la institucionalidad de la República, razón por la cual, si se quiere una lucha frontal contra el coronavirus, las medidas económicas y sociales deben estar dirigidas a establecer mecanismos efectivos de prevención y a fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

En ese orden de ideas, en primer lugar, propongo que el Gobierno Nacional, a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, amplíe las cadenas de difusión sobre las medidas e instrucciones para contrarrestar la fuerza del virus y evitar su expansión, y conjuren la propagación de noticas falsas que generan continuamente pánico colectivo.

El fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, por su parte, implica garantizarle mayor liquidez a la red hospitalaria; potenciar la producción de insumos (como termocicladores) y la capacitación de personal médico-asistencial, aprovechando para ello las facultades de medicina y enfermería de todo el país, con el propósito de mejorar la práctica diaria de las pruebas para dar el diagnóstico del coronavirus; vincular, a manera de voluntariado, a todo el personal médico y paramédico que permita una mayor capacidad para la ejecución de las pruebas; implementar dispensarios móviles en las ciudades donde se realicen pruebas sobre el virus; reducir los precios de los medicamentos, tratamientos y vacunas que eventualmente se produzcan o se importen para contrarrestar el contagio. Otras medidas.

El Gobierno Nacional puede garantizar medidas que flexibilicen el impacto individual que trae consigo la emergencia social y económica derivada de la contingencia producida por el Covid-19. En tal sentido, podrían considerarse las siguientes propuestas: Que durante el término de la declaratoria del estado de emergencia social y económica se les permita a los colombianos retirar sus cesantías sin los requisitos de ley que hoy en día se solicitan para acceder a dichos recursos.

Esto, con el fin de garantizar que ante cualquier eventualidad haya disponibilidad de liquidez en los hogares que así lo requieran. Lo anterior tiene sentido en la medida en que como las disposiciones gubernamentales apuntan preferencialmente a proteger la población vulnerable, no se pueden omitir sectores poblacionales que, en nuestra realidad económica, soportan mayor carga impositiva.

Que, a nivel nacional, como en efecto ya lo han hecho algunos alcaldes, el calendario de impuestos para predios residenciales, industriales y comerciales se aplace durante la vigencia del estado de emergencia, de modo que haya flexibilidad en el pago de los mismos. Que las obligaciones de pago contraídas con el Icetex tengan un tiempo muerto en capital e intereses igual al de la declaratoria de emergencia.

Que, con miras a proteger a la población laboral más inestable, se autorice una reducción en el porcentaje de cotizaciones que los trabajadores independientes y vinculados mediante OPS deben hacer al sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos profesionales). Tomar las medidas necesarias para que el abastecimiento de alimentos esté garantizado, sin que haya especulación, acaparamiento y sobrecostos en los centros de expendio mayoristas y minoristas.

Por último, seguir garantizando la cobertura y el acceso a las telecomunicaciones, de modo que no se interrumpa el derecho a estar informados en momentos de crisis y al uso de las tecnologías que mantengan la productividad y la eficiencia.