Comunidad Afrodescendiente de Arroyo Grande denuncia intento de despojo de 11 mil hectáreas a pesar de fallo judicial y protección constitucional
La comunidad afrodescendiente de Arroyo Grande, corregimiento de Cartagena, ha elevado una denuncia contundente ante las autoridades nacionales y la opinión pública, alertando sobre un posible intento de despojo de 11 mil hectáreas de tierras que, según ellos, les fueron reconocidas y protegidas por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-601 de 2016. Sin embargo, denuncian que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) busca cercenar estos derechos, en un proceso que consideran irregular y vulneratorio.
El abogado Horminzo González, representante legal de la comunidad, explicó que la sentencia T-601 de 2016 tiene un enfoque diferencial, amparado en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia e incorporado en la Constitución a través de la Ley 21 de 1991, formando parte del bloque de constitucionalidad en el artículo 93. González sostiene que la comunidad alegó en su momento que estos derechos deben ser respetados y que la titulación de las tierras, que data de 1897, respalda su posesión y uso tradicional.
El proceso, según González, ha estado marcado por irregularidades. La Agencia Nacional de Tierras envió a personas que no conocían los linderos ni la historia del territorio, sin aceptar la guía que ofreció la comunidad para delimitar correctamente los terrenos. La comunidad denuncia que, en la práctica, se han cercenado territorios históricos, como la Hacienda del Coco y los terrenos Boca de Amanzaguapos, que estaban claramente definidos en la escritura original y que corresponden a linderos naturales, incluyendo el mar Caribe y la aldea de Clemencia.
Además, González señala que la titulación fue ocultada por intereses que buscaban despojar a la comunidad de sus tierras, y que la Agencia Nacional de Tierras, en su proceso de medición y cálculo, se apoyó en información incompleta y en personas que desconocían la historia y los derechos ancestrales de la comunidad. La comunidad también denuncia que en la mesa de discusión convocada en el territorio, donde participaron la Procuraduría General de la Nación, la Oficina de Restitución de Tierras, Oficina de Asuntos Étnicos de Cartagena y la Agencia Nacional de Tierras, no estuvo presente la Fiscalía ni el inspector de Arroyo Grande, actores fundamentales para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso.
El abogado González enfatiza que estos procedimientos deben ser considerados en un proceso contencioso, en el que la comunidad ha presentado todos los recursos necesarios y ha exigido la presencia de las autoridades judiciales para verificar la situación en campo. La comunidad hace un llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga y garantice la protección de sus derechos, solicitando la devolución de las tierras que la Corte Constitucional les otorgó y que, según ellos, están siendo vulneradas.
Por su parte, la comunidad denuncia también que en la zona se han presentado invasiones por parte de mafiosos que impiden el ingreso a las playas públicas y generando un ambiente de inseguridad y despojo.
En conclusión, la comunidad afrodescendiente de Arroyo Grande exige respeto por sus derechos ancestrales, la protección de sus tierras y una intervención efectiva del Estado para detener los intentos de despojo y garantizar la justicia social y territorial que la Corte Constitucional ya les reconoció. La comunidad hace un llamado directo a las autoridades nacionales y al presidente Gustavo Petro para que tomen cartas en el asunto y restituyan sus derechos legítimos.
Esta denuncia revela un conflicto en el que la comunidad afrodescendiente de Arroyo Grande lucha por mantener sus territorios frente a procesos que consideran ilegales, irregulares y vulneratorios. La comunidad exige que las autoridades respeten el enfoque diferencial, protejan sus derechos y detengan los intentos de despojo, en un escenario donde la historia, la ley y el derecho constitucional están de su lado.
Publicado por:
