La diputada Isabella Pulgar Mota expresó su malestar, una vez más, por la forma clandestina en la que se está tratando todo lo relacionado con el manejo de la tasa de seguridad, debido a que tiene conocimiento de que en la Gobernación se está estudiando la posibilidad de pignorar estos recursos por 15 años.

Pulgar Mota señaló que a la fecha nadie de la Gobernación del Atlántico ha convocado a los diputados de la Asamblea para explicar en qué se invertirán los recursos.

“Espero que este tema de la pignoración de la tasa de seguridad sea un rumor y no que el gobernador Verano, una vez más, tome una decisión unilateral a espaldas de la Asamblea, sería un atropello contra la institucionalidad y nuestro derecho a ejercer control político”, dijo la diputada del partido Liberal.

Agregó que el gobernador debe ser claro con la gente en el Atlántico, puesto que tienen el derecho a saber en qué y de qué forma se invierten sus recursos.

“Es dinero que la gente tributa a la tasa de seguridad y convivencia y tienen todo el derecho a saber qué se hace con esos recursos. Es un tema de responsabilidad que tiene el gobernador y no puede olvidarlo”, manifestó la diputada Liberal.

El pasado 30 de enero, en el recinto de la Asamblea, la diputada del partido Liberal expresó su descontento por la firma, a espaldas de la duma, de un convenio interinstitucional para ceder el manejo de gran parte de los recursos de la tasa de seguridad al Distrito de Barranquilla, puntualmente lo que corresponde al área metropolitana, sin tener en cuenta, además, la opinión de los alcaldes de los municipios, salvo el de Puerto Colombia.

“Los diputados no somos figuras decorativas. Este tipo de decisiones tan trascendentales, que afectan los intereses de todos los atlanticenses, ameritan un debate en la Asamblea para discutir su aprobación”, sostuvo en su momento.

La diputada Pulgar invitó al gobernador a que no omita a la Asamblea y que se siente a dialogar este tema que afecta a todo el departamento.

“Si entregamos al Distrito $78 mil millones de la tasa de seguridad, más los recursos asignados a infraestructura turística, mantenimiento de parques, mantenimiento de playas, AIR-E (3%) y Asoatántico (16%), quedarían solo unos $20 mil millones para municipios, una cifra vergonzosa para atender las necesidades de seguridad del departamento”, explicó la diputada.

“De acuerdo a la ley estatutaria de administracion de Justicia, los tribunales en Colombia deben elegir con la mayoría de sus miembros. Es decir que Amelia Pérez con 13 votos de 23 debe ser elegida Fiscal General de la Nación”: así lo manifestó el abogado especializado en Ciencias Penales y Criminología Miguel Angel del Río.

Entró en funcionamiento una motobomba que estabiliza el suministro dentro de las próximas 48 horas. Piden a la comunidad tener paciencia porque el bombeo hace que llegue primero en las zonas más bajas y hacer uso racional del líquido.